Concepto de sede o domicilio de la empresa y procedimiento de determinación de la ley aplicable (RS 14/22 05 de Abril de 2022 al 11 de Abril de 2022)

La mera presencia del domicilio social de una empresa en un Estado miembro no es criterio suficiente para identificar su sede a los efectos de determinar la ley nacional de Seguridad Social aplicable a un trabajador que desempeña su actividad normalmente en dos o más Estados miembros, pues se han de tener en cuenta una serie de factores que el Tribunal apunta. Por otro lado, se clarifica que la Institución del Estado de residencia cuando determine provisionalmente esa ley aplicable debe informar a las instituciones nacionales involucradas y designadas como competentes, sin que baste con que le llegue la información a través del trabajador o la empresa involucrada. Aunque esa decisión provisional haya adquirido firmeza cabe la impugnación por una institución involucrada, pudiendo dar lugar a una anulación retroactiva.

Ingreso mínimo vital (RS 22/20 26 de Mayo de 2020 al 01 de Junio de 2020)

Se aprueba la prestación de ingreso mínimo vital con el fin de garantizar un determinado nivel de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas, con carácter indefinido, manteniéndose siempre y cuando subsistan las causas que motivaron su concesión.

Reforma tributaria del Impuesto General Indirecto Canario

Modificaciones en el Impuesto General Indirecto Canario.

Trabajadores migrantes y determinación de la ley aplicable: aclaraciones aplicativas

De forma paralela a la modificación de las normas de conflicto de la UE del Reglamento de base que determinan la ley nacional de Seguridad Social aplicable a los trabajadores migrantes en la UE (incluidos desplazados, expatriados etc.) se adecúan los siguientes aspectos del Reglamento de desarrollo: la definición de sede o domicilio empresarial, el concepto de base en aviación civil, la toma en consideración de actividades marginales. Asimismo se impone a la institución del Estado cuya legislación de Seguridad Social se aplica a un trabajador que no realiza su actividad profesional en su territorio la expedición de cierto certificado y obligaciones de información entre instituciones involucradas.

El proceso de conflicto colectivo y el procedimiento de oficio: alcance de la reforma procesal

Artículo publicado en Actum Social nº 64. Junio 2012 Juan Molins García-Atance Magistrado especialista del orden social, destinado en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Doctor en Derecho   IX JORNADAS LABORALES Zaragoza 3 y 4 de mayo ÍNDICE […]

Jurisprudencia y doctrina unificada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo (de enero a abril de 2012)

Artículo publicado en Actum Social nº 63. Mayo 2012 Paz Menéndez Sebastián Letrada del Tribunal Supremo y Profesora Titular de la Universidad de Oviedo Carmen Murillo García Letrada del Tribunal Supremo y Secretaria judicial María Dolores Redondo Valdeón Letrada del […]