Diversos pronunciamientos del TJUE reconocen: la utilización fraudulenta de nombramientos de duración determinada para cubrir necesidades permanentes y estables de los servicios de salud; la posibilidad de transformar en indefinido no fijo al personal en régimen administrativo cuando es víctima de una contratación temporal fraudulenta y el derecho a la indemnización por finalización de contrato de los interinos.
Procede el abono de salarios de tramitación cuando en la misma sentencia que declaró el despido improcedente se extingue la relación laboral a petición del trabajador demandante y en el acto del juicio se acredita la imposibilidad de readmisión por cese o cierre de la empresa o cualquier otra causa de imposibilidad material o legal. Esta postura es acorde con el principio de economía procesal y el de tutela judicial efectiva.
Es procedente la sanción por infracción grave impuesta a una empresa por no disponer de un plan de seguridad y salud adecuado, al no identificar un riesgo predecible, como era el de vuelco de la grúa móvil autopropulsora, con independencia de que concurriera o no una mala situación climatológica, que en realidad no sería sino una circunstancia particular añadida.
El mobbing o acoso laboral exige una violencia psicológica, de forma sistemática, continuada o recurrente, ejercida en el lugar de trabajo, que produce unas consecuencias gravísimas para la estabilidad emocional de la víctima ya que el derecho a trabajar tiene rango fundamental.
La indemnización percibida por causas distintas al despido o cese, como puede ser en los supuestos de extinción del contrato de trabajo por expiración del tiempo convenido o por finalización de la obra o servicio, o en el contexto de un plan de bajas voluntarias incentivadas, no es una renta exenta, aunque exista derecho a su percepción.
Las diligencias que inspectores de trabajo y subinspectores laborales extienden en las visitas a los centros de trabajo o en las comparecencias del inspeccionado en dependencias públicas deben seguir el nuevo modelo, lo que implica la desaparición del libro de visitas.
Vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva -en su vertiente de garantía de indemnidad- y debe ser calificado de nulo el despido de una trabajadora que nueve días antes presentó reclamación previa solicitando judicialmente que se reconociera el carácter laboral de su contratación. El tribunal valoró como indicio la respuesta inmediata del empleador que no renovó su contrato y que tampoco fue capaz de aportar pruebas de que el mismo se debía a razones ajenas a la represalia empresarial. Máxime cuando quedó acreditado que otros reclamantes en la misma situación que la trabajadora habían sido despedidos.
La aplicación de la reducción en el ISD requiere que se mantengan el derechos a la exención durante los diez años desde la escritura de donación de manera ininterrumpida.
El hecho de requerirse la necesidad de cuidar de manera directa, continuada y permanente de los menores a su cargo para acceder a la prestación de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, en caso de reducirse la jornada un mínimo de 50%, no se altera por estar el menor escolarizado en un centro especial.
La actividad de arrendamiento de inmuebles, a efectos de la aplicación de la reducción del ISD y, por tanto de la exención en el IP, ha de constituir el desarrollo de una actividad económica, para lo cual se exige que se tenga empleada a una persona con contrato laboral y a jornada completa.