La indemnización reconocida a un falso autónomo en conciliación administrativa, sin entrar a valorar la calificación jurídica del despido, no está exenta, aunque pueda beneficiarse de la reducción del 30% propia de los rendimientos de trabajo.
La posibilidad de extinción del contrato por causas objetivas debido a faltas justificadas de asistencia
(ET art.52.d
) fue derogada a partir del 20-2-2020 mediante el
RDL 4/2020
, dictado por razones de urgencia para erradicar la situación susceptible de generar discriminaciones, inseguridad jurídica e incumplimiento de las obligaciones derivadas de nuestra pertenencia a la Unión Europea, por lo que con la norma referenciada dicha derogación se realiza por norma con rango de Ley.
En la relación laboral especial de artistas es posible tanto la contratación de duración indefinida como la de duración determinada, en cuyo caso resulta aplicable la limitación de la temporalidad prevista en el ET art.15.5y la consecuente conversión del contrato en fijo por encadenamiento de contratos temporales, sin necesidad de que haya que apreciar abuso o fraude de ley.
Mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores a bordo de buques pesqueros en lo que respecta a los requisitos mínimos del trabajo a bordo, las garantías asociadas a la contratación de un pescador, las condiciones mínimas del alojamiento y la alimentación, la protección de la seguridad y la salud en el trabajo y la atención médica, lo que atañe por igual tanto a los trabajadores, pescadores en este caso, como a los empresarios, identificados en este contexto como armadores.
La jurisdicción española es competente para conocer de la demanda de extinción judicial indemnizada de la relación laboral, interpuesta por una auxiliar administrativa española que presta servicios en Madrid para una organización internacional (la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico -ICCAT-) que carece de sistema alternativo de resolución de controversias laborales y no estar en juego el denominado “ius imperii”. Es además competente la jurisdicción social aunque la empleadora califique a la trabajadora como funcionaria, si se comprueba que el vínculo es laboral.
Prevalece la opción del trabajador frente a la posibilidad de que la anticipe el FOGASA, ante un procedimiento de despido objetivo en el que la empresa en concurso de acreedores no comparece a juicio
Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas sobre los ERTE por fuerza mayor consecuencia del COVID-19 están sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de 6 meses desde la fecha de reanudación de la actividad en las condiciones que se desarrollan.
Se modifica la vigencia de la norma que establece que no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido, las causas de los ERTE por fuerza mayor y causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (
RDL 8/2020 art.22 y 23
) hasta el 30-6-2020.
Se regulan varias medidas que afectan al IS. La mayoría de ellas consisten en una ampliación de plazos en relación con aquellos recogidos en la normativa vigente, que será de aplicación cuando estos últimos finalicen, en general, en el año 2020.
Se establece, desde que se levante la suspensión de los plazos procesales hasta el 31-12-2020, una prioridad y preferencia en su tramitación de diversos procedimientos en las diferentes jurisdicciones. Y, además, en el orden jurisdiccional social se establece una preferencia de algunos procedimientos respecto de todos los que se tramiten en el juzgado.
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