El mero hecho de resolverse el contrato de arrendamiento del local a la expiración de las prórrogas pactadas no es causa organizativa suficiente para justificar el despido objetivo.
Se mantiene hasta el 28-2-2022 la medida por la que la fuerza mayor y las causas ETOP en las que se basan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en el
RDL 8/2020 art.22 y 23
;
L 3/2021 art.2
, no pueden ser justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.
Declarada la improcedencia del despido objetivo- por causas económicas- por defectos de los requisitos formales esenciales, la relación laboral se recompone con la opción por la readmisión, por lo que el empresario puede efectuar un nuevo despido -subsanando los defectos- en el momento de la incorporación del trabajador, sin que sea necesario que se produzca, previamente, una efectiva prestación de servicios.
No se considera dimisión faltar 4 días consecutivos al puesto de trabajo, durante el estado de alarma causado por la crisis sanitaria de COVID-19 y coincidiendo 2 de ellos con el fin de semana no laborable, si no existe una manifestación inequívoca de la voluntad del trabajador de extinguir la relación laboral.
El retraso grave en el abono de salarios no tiene entidad suficiente para justificar la extinción indemnizada del contrato cuando se debe a la situación excepcional derivada de la crisis por COVID-19, que ralentizó la aprobación de la subvención municipal de la que depende el abono salarial.
Se mantiene hasta el 30-9-21 la medida por la que la fuerza mayor y las causas ETOP en las que se basan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en el
RDL 8/2020 art.22 y 23
, no pueden ser justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.
Fijar un plazo de preaviso de 5 meses está justificado cuando se ha establecido mediante de un convenio colectivo válidamente negociado y concurren circunstancias que lo justifiquen
Cuando la empleadora incumple la obligación de suscribir el concierto para facilitar la jubilación anticipada a sus trabajadores, la denegación del acceso a la jubilación conlleva que el trabajador tenga derecho a continuar prestando servicios. La negativa de la empleadora a la reincorporación del trabajador a su puesto constituye un despido improcedente.
La extinción del contrato de trabajo por incapacidad permanente total que no va a ser objeto de revisión por mejoría antes de 2 años, no requiere comunicación escrita del empresario al trabajador, por lo que una notificación verbal no constituye un despido improcedente.
No hay coacción por poner en conocimiento del trabajador la existencia de hechos graves que pueden tener consecuencias laborales y penales, dándole la oportunidad de optar por el cese para evitarlas.
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