El retraso grave en el abono de salarios no tiene entidad suficiente para justificar la extinción indemnizada del contrato cuando se debe a la situación excepcional derivada de la crisis por COVID-19, que ralentizó la aprobación de la subvención municipal de la que depende el abono salarial.
Se mantiene hasta el 30-9-21 la medida por la que la fuerza mayor y las causas ETOP en las que se basan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en el
RDL 8/2020 art.22 y 23
, no pueden ser justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.
Fijar un plazo de preaviso de 5 meses está justificado cuando se ha establecido mediante de un convenio colectivo válidamente negociado y concurren circunstancias que lo justifiquen
Cuando la empleadora incumple la obligación de suscribir el concierto para facilitar la jubilación anticipada a sus trabajadores, la denegación del acceso a la jubilación conlleva que el trabajador tenga derecho a continuar prestando servicios. La negativa de la empleadora a la reincorporación del trabajador a su puesto constituye un despido improcedente.
La extinción del contrato de trabajo por incapacidad permanente total que no va a ser objeto de revisión por mejoría antes de 2 años, no requiere comunicación escrita del empresario al trabajador, por lo que una notificación verbal no constituye un despido improcedente.
No hay coacción por poner en conocimiento del trabajador la existencia de hechos graves que pueden tener consecuencias laborales y penales, dándole la oportunidad de optar por el cese para evitarlas.
La diferencia en la indemnización por despido objetivo puesta a disposición del trabajador no puede considerarse un error excusable cuando no se trata de una mera equivocación en el cálculo, sino del incumplimiento de un acuerdo colectivo.
Se prorroga hasta el 31-1-2021 la previsión de que la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas a causa del COVID-19 (nº
3087
Memento Social 2020), no pueden entenderse como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.
La indemnización reconocida a un falso autónomo en conciliación administrativa, sin entrar a valorar la calificación jurídica del despido, no está exenta, aunque pueda beneficiarse de la reducción del 30% propia de los rendimientos de trabajo.
La posibilidad de extinción del contrato por causas objetivas debido a faltas justificadas de asistencia
(ET art.52.d
) fue derogada a partir del 20-2-2020 mediante el
RDL 4/2020
, dictado por razones de urgencia para erradicar la situación susceptible de generar discriminaciones, inseguridad jurídica e incumplimiento de las obligaciones derivadas de nuestra pertenencia a la Unión Europea, por lo que con la norma referenciada dicha derogación se realiza por norma con rango de Ley.
