La retribución de un administrador no residente de una entidad residente en España, está sometida a tributación con independencia de dónde desempeñe su actividad.
Con fecha 10-1-2025 se aprueba a nivel comunitario la conocida como Directiva FASTER con el objetivo de ajustar de manera más eficiente y segura las retenciones en origen practicadas en exceso sobre dividendos o intereses pagados a inversores no residentes por acciones o bonos cotizados mediante la implementación de sistemas automatizados y la emisión de certificados digitales de residencia fiscal.
Los trabajadores autónomos y entidades con personalidad jurídica contribuyentes del IRNR con establecimiento permanente pueden ser beneficiarios de las ayudas directas aprobadas como consecuencia de la DANA.
Se actualizan las conocidas como lista negra y lista gris de jurisdicciones no cooperativas con la Unión Europea.
La existencia de un certificado de residencia fiscal expedido por las autoridades competentes de un Estado a los efectos del CDI, no impide que concurriendo también en el contribuyente las circunstancias que determinan la condición de residente fiscal en España, por radicar aquí el núcleo de sus actividades e intereses económicos, se produzca un caso de conflicto de residencia, y que aplicados los criterios de desempate establecidos en el CDI correspondiente, resulte prevalente su residencia fiscal en España por radicar en nuestro país su centro de intereses vitales.
Si en el momento de la disolución y liquidación de una sociedad española dedicada a la actividad de promoción inmobiliaria, su activo está compuesto fundamentalmente por tesorería (no existen inmuebles), la ganancia patrimonial obtenida por uno de los socios, residente fiscal en Suiza, debe someterse a imposición exclusivamente en Suiza.
La acreditación de la condición de no residente de una persona física mediante la aportación de un certificado de residencia fiscal en otro país, no implica que la Administración española admita sin más la condición de no residente en España; pero sí supone trasladar a la Administración española la carga de la prueba.
Los rendimientos obtenidos por un no residente, derivados del arrendamiento de un bien inmueble situado en territorio español, están sujetos a tributación en España, sin que puedan aplicársele las reducciones previstas en la LIRPF.
La DGT analiza la aplicación por un establecimiento permanente de una sociedad no residente la reducción de reserva de capitalización prevista en el IS
Se han publicado las Conclusiones del Consejo que actualizan la lista europea de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales