El protocolo intenta facilitar el pago directo de las cuantías depositadas en la cuenta de depósitos y consignaciones. Por un lado se permiten las transferencias directas al destinatario final, se pide que solo se exijan los pagos imprescindibles como las deudas laborales a favor de los trabajadores. Por otro lado, se facilita la actuación de los letrados de la Administración de Justicia y su sustitución si no pudieran realizar los pagos por diferentes motivos.
A los trabajadores que prestan servicios en despachos y asesorías legales, en cuestiones urgentes, no se les aplica este permiso por estar exceptuados de su ámbito de aplicación al prestar servicios en sectores esenciales (ver nº
4800
Memento Social 2020).
La prestación por incapacidad temporal derivada de un seguro de vida anual renovable genera una ganancia patrimonial que se integra en la base imponible general.
Los planes de control tributario de la AEAT no justifican de forma general una solicitud global de información. Se requiere que concurran y se justifiquen los presupuestos recogidos en el plan.
Es inconstitucional y nula la previsión legal que determina la ausencia de recurso para impugnar el decreto de los letrados de la administración de justicia cuando se reclaman honorarios de abogados y procuradores por indebidos. En tanto el legislador no se pronuncie al respecto, el recurso judicial procedente frente a este decreto es el de revisión.
Desde el 14-11-2018 se incrementan las cuantías de los módulos y bases de compensación económica a favor de los abogados que prestan asistencia jurídica gratuita.
Dependiendo de si se concluye que existe una base fija que constituye un establecimiento permanente en este país, desde la cual se van a impartir los cursos, las rentas pueden ser gravadas en España. Por su parte, los profesionales tienen que aportar un certificado de residencia fiscal en Italia para que la renta percibida en España resulte exenta en su impuesto personal.
Se rechaza la inscripción de un acuerdo social documentado en una escritura pública otorgada por una persona que decía actuar en base a un poder especial otorgado por la junta general, dado que en esa junta simplemente se facultó al liquidador de la sociedad para otorgar el poder especial en cuestión, cosa que el liquidador no llevó a efecto.
