La mera finalización de la construcción, instalación u obra, automáticamente, determina que el día en que ello se produzca se inicie el cómputo del plazo de prescripción del derecho de la Administración tributaria a comprobar la base imponible autoliquidada en el ICIO, al margen de la fecha del visado del certificado de finalización de las obras, e independientemente de que la finalización de las obras sea conocida formalmente por la Administración.
En un supuesto de transmisión de la totalidad de los activos de una entidad, entre los que se incluye una licencia de obra, la liquidación definitiva del ICIO que practique el ayuntamiento, debe realizarse a nombre de la sociedad transmitente, que es quien tiene la condición de contribuyente y quien satisfizo el importe de la liquidación provisional.
Si al transmitir un automóvil cuya matriculación estuvo exenta por estar afecto a actividades de alquiler, es adquirido por una entidad que por error solicitó la no sujeción del mismo al Impuesto, la actividad de alquiler no ha dejado de existir si la entidad adquirente cumple los requisitos para aplicar la citada exención y el vehículo en cuestión no ha dejado de estar afecto en momento alguno a la actividad de alquiler, siempre que pueda ser demostrada esta condición. Por eso, el plazo para determinar cuándo la modificación de las circunstancias o requisitos determinantes de la exención dará lugar a la autoliquidación e ingreso del Impuesto, es el de dos años desde la fecha de la primera matriculación definitiva a nombre de la primera empresa de alquiler.
Modificaciones que afectan a los objetivos legales en cuanto a la ejecución del sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales y a la documentación de los programas gestionados de forma indirecta por agente urbanizador o por los propietarios. Particularidades del agente urbanizador. Estudio y modificaciones aplicables al procedimiento, efectos, relaciones entre el urbanizador y los propietarios, garantías y causas de finalización.
Inscripciones registrales de las afecciones urbanísticas que se derivan de los proyectos de reparcelación. Plazos de caducidad. Aplicación en Cataluña.
El plazo de dos años a que se refiere la L 38/1992 art.65.3 para la aplicación de la exención, se debe computar a partir de la primera matriculación definitiva en España o desde el inicio de su utilización en España, siendo indiferente el hecho de que el vehículo en cuestión haya estado matriculado en otro país de la UE y afecto a la actividad de alquiler en ese país con anterioridad a su entrada y posterior matriculación definitiva en España.
La extinción de la sociedad, tras su disolución y liquidación, y la consiguiente cancelación de asientos registrales, no determina la pérdida total de la personalidad jurídica de la sociedad extinguida, la cual puede ser demandada, a través de su liquidador, para responder de deudas pendientes; y ello sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de los socios ante pasivos sobrevenidos.
Respecto a la liquidación definitiva que se practica una vez finalizada la construcción, instalación u obra, cuando mediante la oportuna comprobación administrativa determina el coste real y efectivo, el legislador no condiciona la misma al resultado de un posterior procedimiento de inspección, ya que aquélla sólo ha de practicarse si procede la modificación de la base imponible, tras la oportuna comprobación administrativa.
La coordinación entre el Registro de la Propiedad y Catastro Inmobiliario a efectos de la identificación de las fincas resulta necesario, ya que afecta a muchos aspectos de la realidad económica, como ocurre con la liquidación del ITP y AJD.
Una solicitud de rectificación de autoliquidación, en cuanto que se refiere a elementos determinantes de la cuantificación de la obligación tributaria, tiene virtualidad interruptiva de la prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.
