Los certificados negativos no impiden la responsabilidad solidaria de la empresa principal respecto de las deudas generadas vigente la contrata, salvo que la TGSS, al tiempo de certificar, esté en condiciones de ofrecer una información sobre las deudas del contratista o subcontratista coincidentes con la realidad.
El módulo salarial de cálculo de la indemnización por despido improcedente ha de ser el salario correspondiente en la empresa cesionaria, cuando esta sea la empresa por la que ha optado el trabajador.
El ERTE por fuerza mayor mantiene su eficacia tras una subrogación convencional en los mismos términos, aunque esta circunstancia ha de comunicarse a la autoridad laboral competente.
Quedan suspendidas las obras en edificios existentes en los que los trabajadores deban compartir espacios con residentes u otras personas ajenas a la obra.
Con vigencia desde el 2-4-2020, además de las medidas de carácter laboral, se ha adoptado un paquete de medidas sociales de apoyo a las empresas y a los trabajadores autónomos para contrarrestar el impacto del COVID-19.
Aunque una entidad económica requiera medios de explotación importantes, si en el momento del cambio de adjudicatario, debido a requisitos jurídicos, medioambientales o técnicos establecidos en la licitación no adquiere dichos medios, pero contrata a la mayor parte de la plantilla y continúa sin interrupción con la actividad, esta reanudación de la actividad puede calificarse de transmisión de empresa.
La indemnización de 7 días de salario por año trabajado, con el límite de 6 mensualidades, ha de ser considerada como indemnización mínima obligatoria para los supuestos de desistimiento del empleador, incluso en los casos de pacto expreso que excluya toda indemnización por cese. Por tanto, esa cuantía de la indemnización está exenta de tributación en el IRPF.
Si la sociedad matriz no ha depositado las cuentas anuales consolidadas del grupo en el Registro Mercantil, las filiales no podrán formular cuentas anuales abreviadas, aunque cumplan los requisitos para ello, debiendo formularlas en el modelo normal.
No se vulnera el derecho a la intimidad la grabación por cámaras ocultas a un trabajador cometiendo hurtos en la empresa y el posterior despido, al ser una medida proporcionada al fin perseguido.
El despido objetivo de una trabajadora considerada con discapacidad, por haber sido declarada trabajadora especialmente sensible a los riesgos derivados del trabajo con una limitación duradera o prolongada, puede ser discriminatorio si los criterios de selección tomados en consideración para determinar a las personas que van a ser despedidas (presentar una productividad inferior a un determinado nivel, una menor polivalencia en los puestos de trabajo de la empresa y un elevado índice de absentismo), son constitutivos de una discriminación indirecta, a no ser que el empresario haya realizado previamente con respecto a ese trabajador ajustes razonables, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional nacional.
