Se revisa el marco normativo relativo a la protección contra incendios, para lo cual se aprueba un nuevo Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales con carácter horizontal y de aplicación en cualquier sector de la actividad industrial.
El concepto de prueba, a efectos de la causa de interposición del recurso de anulación, engloba tanto los documentos que figuran en el expediente remitido a la vía económico-administrativa, como los presentados en esta vía por los obligados tributarios.
Se reconoce la IPT derivada de enfermedad profesional por silicosis en grado I a un trabajador que la solicita cuando la relación laboral ya se ha extinguido y está en desempleo, si no hay posibilidad de continuar desempeñando la profesión habitual, por riesgo de inhalación de polvo de sílice, y la prestación por desempleo se ha solicitado de forma inmediata al cese.
A pesar de que el convenio colectivo lo tipifica como una falta leve, una única falta de asistencia al trabajo puede justificar el despido disciplinario cuando implica una desobediencia a las órdenes del superior y provoca, además, perjuicios económicos a la empresa.
Con el fin de adaptarlo a la revisión del modelo organizativo de la Administración Penitenciaria se crean nuevas tipologías del complemento singular de puesto E5 reconocido en el IV CCol único para el personal de la AGE.
Es lícita la huelga convocada en solidaridad o apoyo a un trabajador despedido, cuando se traduce en un interés colectivo como es la defensa de los puestos de trabajo. Respecto del desarrollo de la huelga en varias fases, que configura la huelga como intermitente, solo es precisa una convocatoria y un solo intento de mediación o conciliación previo al tratarse de un único conflicto.
Se establece una regla especial en relación con las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 a efectos de determinar si se está incurso en la causa de disolución obligatoria.
Están sujetas al ISD las ayudas económicas a fondo perdido concedidas dentro de la iniciativa Alcem-se, a los empresarios y profesionales personas físicas cuya actividad se ha visto directamente afectada por los daños ocasionados en sus locales y negocios por la DANA.
Puesto que el destinatario jurídico no es el consumidor final, sino la aseguradora, y en este caso, el servicio prestado no se limita a una ejecución de obra, sino que incluye prestaciones adicionales, no es posible aplicar el tipo reducido a las reparaciones y renovaciones realizadas por la entidad al asegurado.
La modificación de un préstamo hipotecario que incluye una quita concursal está exenta siempre que ambas operaciones sean parte del mismo pacto entre las mismas partes.
