El Tribunal Supremo fija el inicio del procedimiento de comprobación de valores en el momento de solicitud del dictamen de peritos por parte de la Administración, por lo que es en ese momento cuando debe notificarse al contribuyente.
Se hacen públicas las directrices del Plan Anual de Control Tributario del año 2022, que giran en torno a cinco grandes pilares: información y asistencia; prevención de los incumplimientos, fomento del cumplimiento voluntario y prevención del fraude; investigación y actuaciones de comprobación del fraude tributario y aduanero; control del fraude en fase recaudatoria; y colaboración entre la AEAT y las Administraciones tributarias de las CC.AA.
La revocación de una donación invocada por motivos fiscales por parte de los donatarios no afecta a la liquidación por ISD.
El alcance inicial no sólo puede modificarse a instancia de parte sino también de oficio cuando en el curso del procedimiento se pongan de manifiesto razones que lo aconsejen y siempre que el acuerdo se adopte de forma motivada.
Se introducen modificaciones en el Reglamento de Inspección destacando las referidas a las actuaciones de intervención en materia de Impuestos Especiales de Fabricación.
Con efectos a partir del 1-8-2019, el procedimiento de autoliquidación se desglosa en dos procedimientos: el de devolución, iniciado mediante autoliquidación o solicitud y el de revisión de autoliquidaciones y liquidaciones provisionales.
El obligado tributario no está obligado a probar que el valor declarado se corresponde con el valor real y el valor consignado puede prevalecer sobre el valor presuntivo determinado por la Administración.
Cuando son adquiridas acciones de una sociedad, cuyo activo está formado por inmuebles, a efectos del ITP y AJD la actuación de comprobación de la Administración puede entrar a valorar solo los inmuebles cuyo valor le haya resultado dudoso.
Entre las modificaciones recogidas en la reforma se encuentra el fortalecimiento de las potestades administrativas en la prevención y en la lucha contra el fraude fiscal; la adecuación de la normativa tributaria foral a las exigencias del derecho de la UE en lo relativo a la recuperación de las ayudas de Estado; sancionabilidad de la cláusula antielusión; imprescriptibilidad de la comprobación tributaria; no paralización de la recaudación administrativa en caso de denuncia por presunto delito fiscal.
Modificación de la L Canarias 6/2002, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma.
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