Las solicitudes de aplazamiento de tributos repercutidos en las que el solicitante alega no haber cobrado las cuotas repercutidas y aporta además la documentación que, a su juicio, demuestra dicha circunstancia, deben ser objeto de denegación -que no de inadmisión- cuando, contestado el requerimiento para completar esa acreditación, este hecho no haya quedado probado.
Anulada una sanción tributaria, la Administración tributaria puede, en ejecución de la resolución anulatoria, dictar una nueva resolución que sustituya a la anulada en el plazo de un mes.
Se establece una prórroga de las prestaciones de cese de actividad compatibles con el trabajo por cuenta propia ya causadas y se extiende el derecho a esta prestación hasta el 31-1-2020 a aquellos trabajadores autónomos en los que concurra los requisitos para su acceso en el cuarto trimestre del año en curso.
En el supuesto de retroacción de actuaciones inspectoras, el interés de demora se computará hasta el momento en que se dicte la segunda liquidación siempre que la recepción del expediente por el órgano competente para la ejecución se produzca a partir del 12-10-2015.
No puede denegarse la compensación de bases imponibles negativas solo por el hecho de que la presentación se hizo de manera espontánea unos días después de finalizado el plazo voluntario.
Desde el 27-6-2020, se prevé la posibilidad de compatibilizar la prestación de cese de actividad prevista en la LGSS con el trabajo por cuenta propia hasta el 30-9-2020 de acuerdo con la siguiente regulación.
Si bien la reciente jurisprudencia comunitaria inhabilita a los TEA para elevar cuestión prejudicial ante el TJUE, la doctrina administrativa matiza que, no obstante, siguen estando obligados a garantizar la aplicación del Derecho de la UE e inaplicar las disposiciones nacionales que resulten contrarias a las disposiciones comunitarias con efecto directo
Cuando la Administración alarga los plazos de remisión interna del expediente, solo se entiende incumplido el principio de buena administración si el retraso es irrazonable y desproporcionado
Al amparo de los principios de seguridad jurídica y defensa de los derechos de los interesados, la retroacción no puede concebirse como una fórmula apta para corregir defectos sustantivos de una decisión, otorgando a la Administración la oportunidad de ajustarla desde ese momento al ordenamiento jurídico. La retroacción de actuaciones es procedente únicamente en los supuestos de quiebra formal o cuando la instrucción del expediente es incompleta.
