No se considera que se haya producido incremento de los fondos propios por el beneficio obtenido en el ejercicio anterior destinado por obligación legal a la compensación de las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores.
Las comisiones pagadas a los agentes inmobiliarios se deben registrar como mayor valor del activo, al poder identificarse como costes directamente atribuibles al inmovilizado.
La renuncia al derecho de suscripción preferente, aunque se produzca en cumplimiento de un acuerdo contractual, se considera una donación, por lo que se debe aplicar la regla especial de valoración de las transmisiones a título lucrativo.
En la disolución de una entidad patrimonial, la entidad patrimonial puede aplicar la exención a toda la renta fiscal que se genere en su disolución, pero el socio solo puede aplicarla a la parte de renta que se corresponda con un incremento de beneficios no distribuidos generados por la entidad participada durante el tiempo de tenencia de la participación.
La aplicación del criterio de imputación temporal según los cobros es una opción, y por tanto no puede modificarse una vez finalizado el plazo de presentación de la declaración.
La incorporación de nuevos trabajadores por cesión o subrogación, con asunción de las obligaciones existentes por el nuevo empleador, no puede considerarse como creación de empleo, por lo que este no puede computar los nuevos trabajadores incorporados como un incremento de la plantilla media respecto de la inicial.
En el supuesto de embargo de participaciones, se permite la inscripción en el Registro de una cláusula adoptada por la Junta general universal según la cual se acuerde por unanimidad que el valor razonable a tener en cuenta para el precio de transmisión de las participaciones sea el valor contable del último balance aprobado por la Junta.
El IVA soportado no deducible forma parte del precio de adquisición o coste de producción de los bienes y servicios, integrándose en la base imponible, en su caso, a través de su amortización.
El ICAC se pronuncia sobre la posibilidad de que sean contrarias a la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, algunas condiciones establecidas por entidades en procesos de licitación para la contratación de auditores de cuentas, con el objeto de realizar la auditoría de las cuentas anuales de dichas entidades.
El ICAC establece una serie de criterios interpretativos en relación con los servicios prohibidos ajenos a la auditoría en entidades de interés público, aclarando él ámbito territorial de aplicación de la prohibición.
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