La utilización del criterio de prioridad de permanencia en sus puestos de trabajo de los trabajadores fijos, establecido en un acuerdo sobre movilidad geográfica forzosa de los trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación, no resulta contrario al principio de igualdad.
No es posible dejar de aplicar la revisión salarial regulada en el convenio colectivo de empresa, correspondiente a 2012, por iniciar la empresa un proceso de descuelgue salarial en 2013, por lo que se le condena al abono de los incrementos a los trabajadores afectados.
La DGT analiza las circunstancias que deben concurrir para considerar como rendimientos de una actividad económica los obtenidos por un socio profesional de sociedades en las que presta sus servicios.
El inicio del plazo de prescripción de una falta continuada de falsedad y deslealtad comienza a computarse en el momento en que la empresa tiene cabal conocimiento de la realidad del ocultamiento del fallecimiento del familiar que avalaba la reducción de jornada, aunque tal fallecimiento sucediera años antes.
La modificación incorpora a las organizaciones empresariales entre aquellas con capacidad jurídica para actuar en representación de los trabajadores autónomos y reforma determinados extremos relativos a la representatividad de las organizaciones de autónomos, entre los que destaca la supresión del Consejo de la representatividad como órgano competente para declarr la condición de asociación representativa.
Desde el 24-3-2015 está en vigor el nuevo sistema de formación profesional para el empleo, que plantea una reforma integral del anterior sistema. Entre otras, se establecen las siguientes novedades: la aplicación nacional del nuevo sistema, bajo a una acción coordinada, colaborativa y cooperativa entre las Administraciones públicas competentes y los demás agentes que intervienen en el mismo; se introducen elementos de observación y prospección del mercado de trabajo, para detectar los cambios en las demandas de cualificación y competencias del tejido productivo y las necesidades formativas; las administraciones públicas, en sus respectivos ámbitos competenciales, puedan articular un «cheque formación» para trabajadores desempleados con el objeto de proporcionarles la formación que necesitan; se dota de un nuevo enfoque a las iniciativas de formación profesional para el empleo, situando a las propias empresas y a los trabajadores en el centro del sistema y se articulan una serie de previsiones sobre el control de la formación y el régimen sancionador, con el objetivo de evitar el fraude en la gestión de los fondos de formación profesional para el empleo.
No procede legalmente agrupar en la misma provincia o municipios limítrofes dos o mas centros de trabajo de menos de 6 trabajadores cada uno.
No constando la notificación expresa y por escrito de la decisión empresarial a los trabajadores o a sus representantes, no puede exigirse a la parte social una reacción limitada al plazo de caducidad de los 20 días que, en todo caso, deberían iniciarse en el momento en que la empresa efectúe esa comunicación expresa y fehaciente.
La aportación de una memoria económica redactada por la propia empleadora y sin ningún soporte documental, que impide que la representación de los trabajadores pueda contradecir o combatir los datos en ella contenidos por carecer de otra documentación, no es suficiente para justificar la propuesta empresarial de reducción salarial, declarándose, en consecuencia, nula dicha medida.
No es nulo el despido colectivo por falta de entrega de la documentación preceptiva, si la misma no es trascendente para que los representantes de los trabajadores tengan una información suficientemente expresiva para conocer las causas de los despidos y poder afrontar el periodo de consultas adecuadamente.
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