Régimen de las licencias, declaraciones responsables y comunicación previa de naturaleza urbanística.
Por L Murcia 6/2015, de vivienda, se modifica la L Murcia 8/2005, para la calidad en la edificación.
Obligaciones autonómicas en relación con suelo no urbanizable con valores agrícolas y ganaderos. Zonas regables de interés general calificadas como suelo no urbanizable de protección agrícola.
La nueva Ley de vivienda de la región de Murcia regula, entre otras cuestiones, el régimen sancionador en materia de vivienda.
La Ley agraria de Extremadura incorpora particularidades en la regulación de los montes, concretamente en lo que respecta a su definición y a los instrumentos de ordenación, así como respecto de los aprovechamientos forestales.
Desde el 24-3-2015 está en vigor el nuevo sistema de formación profesional para el empleo, que plantea una reforma integral del anterior sistema. Entre otras, se establecen las siguientes novedades: la aplicación nacional del nuevo sistema, bajo a una acción coordinada, colaborativa y cooperativa entre las Administraciones públicas competentes y los demás agentes que intervienen en el mismo; se introducen elementos de observación y prospección del mercado de trabajo, para detectar los cambios en las demandas de cualificación y competencias del tejido productivo y las necesidades formativas; las administraciones públicas, en sus respectivos ámbitos competenciales, puedan articular un «cheque formación» para trabajadores desempleados con el objeto de proporcionarles la formación que necesitan; se dota de un nuevo enfoque a las iniciativas de formación profesional para el empleo, situando a las propias empresas y a los trabajadores en el centro del sistema y se articulan una serie de previsiones sobre el control de la formación y el régimen sancionador, con el objetivo de evitar el fraude en la gestión de los fondos de formación profesional para el empleo.
Se regula en la Región de Murcia el informe de evaluación de los edificios y se crea el Registro para los mismos.
Concepto y funciones atribuidas al ente público.
Aprobación de los planes sectoriales de inspecciones medioambientales.
Nulidad de la modificación normativa en materia de la competencia para sancionar el incumplimiento del deber de mantener la inscripción como demandantes de empleo.
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