Se aprueba el nuevo modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales, en sustitución del modelo aprobado por la Orden JUS/471/2017.
Se aprueba el nuevo modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales, en sustitución del modelo aprobado por la Orden JUS/471/2017.
Se aclaran los pasos a seguir para la designación del mediador concursal en los procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos, así como la información a suministrar al mediador relativa a las características básicas de la situación de insolvencia de que se trate, y los datos iniciales a remitir por parte de los notarios y registradores mercantiles al Registro Público Concursal, a efectos de su publicación en el Portal Concursal.
La anotación preventiva de demanda no cierra el registro, por lo que pueden inscribirse cualesquiera actos de la sociedad, y no se rige por los principios de prioridad registral y tracto sucesivo, por lo que puede anotarse la demanda interpuesta contra un acuerdo que, aun no inscrito, sea susceptible de inscripción.
En caso de que estén pendientes de inscripción en el RM títulos que documenten acuerdos incompatibles o con una contradicción insalvable, el registrador debe suspender la inscripción de todos ellos con el fin de que sea el juez competente quien determine qué situación jurídica debe prevalecer.
Régimen jurídico aplicable a los puertos e instalaciones portuarias.
Se levanta la suspensión de L Cataluña 3/2017 art.3, 4 y 9, objeto de recurso de inconstitucionalidad.
Directrices jurisprudenciales sobre el juicio de confusión que corresponde al tribunal de instancia.
Con efectos desde el 1-9-2017, se deroga el D Cataluña 4/2006, por el que se atribuyen a los registradores de la propiedad y mercantiles y de bienes muebles funciones en la gestión, liquidación y recaudación de determinados tributos cedidos a la Generalidad de Cataluña y se aprueba el régimen de creación, división y supresión de oficinas liquidadoras.
Se coordinan las disposiciones nacionales de los Estados miembros en determinados ámbitos societarios (constitución de sociedad; nulidad; dotación de capital, incluyendo su reducción y ampliación; sucursales; fusiones y escisiones; interconexión de registros mercantiles), con el objeto de asegurar una equivalente protección a accionistas y acreedores.
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