Se incluye en la Ley reguladora de las IIC el régimen sancionador de los incumplimientos del Reglamento europeo sobre fondos del mercado monetario. Se somete a las entidades de dinero electrónico a lo dispuesto en la Ley de Auditoría de Cuentas.
El inicio del cómputo del plazo de duración máxima del encargo de auditoría se corresponde con el primer ejercicio auditado de las entidades objeto de fusión que aporten a la nueva entidad la mayoría de los propietarios.
Se regula la obligación de relacionarse por medios electrónicos con la Administración Tributaria de Gipuzkoa.
Bases mínimas de cotización de los socios trabajadores de las CTA dedicados a la venta ambulante y derecho de reducción en la cuota de quienes hayan quedado incluidos en el RETA.
Incremento de la indemnización por residencia.
Se modifica la regulación del Registro de personal directivo del sector público estatal.
Los auditores de cuentas y sociedades de auditoría de entidades sujetas a supervisión y control tienen la obligación de comunicar a las instituciones públicas supervisoras determinados hechos o circunstancias detectados en el transcurso de su trabajo de auditoría de cuentas que pueden afectar a las condiciones de funcionamiento de la entidad. Esa comunicación deben efectuarla sin demora y en un plazo máximo de 10 días.
Condena de 2 años de prisión y multa por estafa al haber percibido durante años la pensión de incapacidad permanente de su padre tras su fallecimiento.
Dado que la ganancia patrimonial diferida con ocasión de la operación de fusión no puede beneficiarse del régimen de diferimiento por reinversión, el socio o partícipe que efectúe la transmisión u obtenga el reembolso debe efectuar un ingreso a cuenta sobre dicha ganancia patrimonial sujeta a tributación. Adicionalmente, las nuevas participaciones o acciones suscritas o adquiridas como consecuencia de la operación de traspaso, tendrán como valor de adquisición el valor que se haya tenido en cuenta para las acciones de la SICAV en la operación de fusión y como fecha de adquisición la que corresponda a dicho valor.
Se reconoce el derecho a acogerse a la jornada intensiva de verano ampliada, del 1 de junio al 30 de septiembre, a los empleados públicos que tengan a su cargo a una persona con al menos un 33% de discapacidad.
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