Desde el 17-12-2012 la interposición de recursos de suplicación y casación implica el abono de tasas judiciales a satisfacer según el modelo 696 de autoliquidación. A partir del 1-4-2013 se podrá solicitar la devolución de las tasas a través del modelo 695.
La coalición formada expresamente para las elecciones por dos sindicatos puede incidir, en caso de obtener los resultados correspondientes, en la composición proporcional del comité intercentros sin que sea preciso para ello su previa inscripción como tal coalición en la Dirección General de Trabajo.
Los funcionarios públicos quedan exentos de la tasa judicial en los procesos en defensa de sus derechos estatutarios, pero han de acudir asistidos por abogado y, en su caso, por procurador.
Los Secretarios judiciales exigirán ciertas tasas estatales -iguales para todo el territorio nacional- por la interposición de recursos de suplicación y casación en el orden social. Las tasas se compondrán, en primer lugar, de una cuantía fija que en este caso asciende respectivamente a 500 € por recurso de suplicación y 750 € por recurso de casación (tanto ordinaria como para unificación de doctrina). En segundo lugar, se impondrá asimismo una cantidad variable resultante de aplicar a una base imponible (la cuantía del pleito) un determinado gravamen que asciende a un 0,50% hasta la cantidad de 1.000.000 €, aplicándose al resto que supere la mencionada cantidad, el 0,25%; esta cantidad variable está topada a 10.000 €. Están exentos los recursos frente a sentencias dictadas en los procedimientos especialmente establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas. Cuando sean los trabajadores por cuenta ajena o autónomos quienes interpongan dichos recursos de suplicación y casación se benefician de una exención del 60% en la cuantía de la tasa que les corresponda. Con carácter general, se establece una bonificación del 10% sobre la tasa por actividad judicial para los supuestos en que se utilicen medios telemáticos en la presentación de los mencionados recursos y en el resto de comunicaciones con los tribunales. Aunque la Ley imponía el abono de las tasas desde el 22-11-2012, este se demora al momento en que se aprueben los modelos oficiales establecidos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
El Acuerdo de Asignación de Recursos y Racionalización de las Estructuras de Negociación y Participación alcanzado por la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado fija establece que debe considerarse centro de trabajo en este ámbito, tanto a efectos de la constitución de secciones sindicales (LOLS art.10) como de la normativa de prevención de riesgos laborales.
La revocación del comité de empresa puede alcanzar, en su caso, a los titulares y a los suplentes de la representación de los trabajadores.
Desarrollo reglamentario del sistema de impartición y características de la formación de los trabajadores en centros formativos y en las empresas, así como el reconocimiento de estos en régimen de alternancia.
Entre los objetivos que declara el nuevo procedimiento de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada está el de facilitar la participación de los representantes legales de los trabajadores concretando la información que debe darles la empresa para garantizar un conocimiento adecuado sobre las causas que originan el procedimiento.
Reglas de legitimación para intervenir en representación de los trabajadores que son comunes a los procedimientos de despido colectivo y de suspensión del contrato y reducción de la jornada.
Reglamento de los procedimientos de despido colectivo con normas específicas aplicables al personal laboral del sector público.
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