Se modifica la Ley de Vivienda de Canarias estableciendo una serie de medidas dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda en las Islas.
Se establecen una serie de políticas y actuaciones en materia de vivienda para incentivar la incorporación de las vivienda libre deshabitada al mercado inmobiliario.
Estudio del régimen jurídico de los puertos con especial referencia a la conexión con la ordenación urbanística y las medidas protectoras que puedan afectar al medio ambiente.
Modificaciones destacadas aplicables a los montes en Aragón.
Si se demuestra que el tiempo de bocadillo es considerado como tiempo de trabajo, sin necesidad de ser recuperado, estamos ante una condición más beneficiosa que no puede ser abolida unilateralmente por el empresario sin seguir el procedimiento establecido para las modificaciones sustanciales.
La nueva Ley de telecomunicaciones ha modificado diversos preceptos de la L 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI).
Se aprueba el Reglamento de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
El cómputo del plazo de prescripción para ejercer el poder disciplinario comienza cuando la empresa tiene un conocimiento pleno y cabal de la conducta sancionable interrelacionada con la actuación penal de los trabajadores, aunque la empresa no plantee denuncia o querella por dicha causa. Desconociendo la empresa los motivos exactos de la detención y estando en marcha una instrucción penal, el plazo de prescripción se interrumpe durante todo el período en que los trabajadores estén en prisión provisional, reiniciándose el cómputo con su puesta en libertad. Durante el período de prisión provisional la relación laboral puede quedar suspendida con reserva de puesto de trabajo. En tal supuesto cabe imponer sanciones disciplinarias siempre y cuando el empresario conozca con suficiente precisión los hechos que imputa en relación con la causa penal.
Estudio de las infracciones urbanísticas y de sus correspondientes sanciones.
Medidas que protegen la legalidad en materia urbanística: suspensión de licencias, restablecimiento del orden jurídico perturbado y reposición de la realidad física alterada.
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