El Derecho mercantil o Derecho comercial es aquella rama del Derecho privado que regula el conjunto de normas relativas a los comerciantes en el ejercicio de su profesión, a los actos de comercio legalmente calificados como tales y a las relaciones jurídicas derivadas de la realización de estos.
Esto es, en términos amplios, la rama del Derecho que regula el ejercicio del comercio por los distintos operadores económicos en el mercado.
La progresiva internacionalización de los negocios y la necesidad de los poderes públicos de establecer un marco de protección de los consumidores y de mantenimiento de la estabilidad económica y financiera ha venido dando lugar a que cada vez hay más normas de Derecho público que se entremezclan con normativa puramente de Derecho privado para salvaguardar dichos intereses.
Un ejemplo lo constituye toda la normativa de supervisión y sanción en materia del sistema financiero y tributario, donde todas las sociedades operantes en él y las operaciones que en él se realizan están fuertemente vigiladas.
También sucede con el derecho concursal y procesal, incluso con el de arrendamiento de locales de empresa y la relación entre arrendador y arrendatario.
Es tanta la regulación generada que es necesaria la constante modificación del código de comercio y la legislación complementaria, ya sean aportadas por el poder legislativo interno o por el TJUE.
Se ha aprobado una exención de las cuotas del IBI para el ejercicio 2015 para determinados inmuebles como consecuencia de las inundaciones y otros efectos de los temporales de lluvia, nieve y viento sufridas en los meses de enero a marzo de 2015.
Se introducen, entre otras, modificaciones en la LCon como consecuencia del deseo del legislador de implementar medidas que permitan a las personas naturales exonerarles del pasivo no satisfecho en un procedimiento concursal.
La solicitud de acuerdo extrajudicial de pagos se hará mediante formulario normalizado, una vez se apruebe por el Ministerio de Justicia. La solicitud se podrá presentar, además de ante los registradores mercantiles o los notarios, ante las Cámaras de Comercio cuando hayan asumido funciones de mediación. En caso de que la solicitud adolezca de algún defecto o esté incompleta, se podrá subsanar en el plazo de 5 días. Además, si la solicitud se inadmite por no justificar el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos, se podrá presentar una nueva cuando se pueda acreditar la concurrencia de dichos requisitos.
Prevalece lo pactado frente a cualquier incidencia administrativa, no pudiendo los recurridos quedar libres de las obligaciones contraídas por el mero hecho de que se entendiera inicialmente que la compraventa estaba sujeta al ITP y AJD modalidad TPO, y posteriormente se determinara que la sujeción no era a este impuesto sino al IVA.
Se concede la exención de las cuotas del IBI y del IAE del ejercicio 2015 para paliar los daños producidos por las inundaciones en Bizkaia desde el 30-1-2015.
Aunque no se realice ninguna actuación de urbanización por el propietario durante su periodo de tenencia, una vez iniciado el proceso de ejecución material de la urbanización las transmisiones posteriores se encuentran sujetas.
No procede la resolución del contrato de comisión mercantil al no haberse justificado que el incumplimiento del deber de información tenga entidad resolutoria, pues se ha declarado que el inversor formó su voluntad sin incurrir en vicio alguno y que la entidad demandada actuó siguiendo sus instrucciones.
La reducción del rendimiento neto del capital inmobiliario prevista para el arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda, no es aplicable cuando los rendimientos obtenidos son como consecuencia de la cesión de la explotación del inmueble a una entidad mercantil a la que se encarga la gestión de los alquileres del mismo.
La orden de cotización reproduce las previsiones contenidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado referentes a las bases y tipos de cotización, supuestos de reducción de bases en caso de venta ambulante o a domicilio, la devolución de cotizaciones en caso de pluriactividad y la cotización de los autónomos en alta de oficio. Se fija, asimismo, el tipo de cotización por IT de los trabajadores con 65 o más años y la fracción de cuota que han de percibir las mutuas por cubrir dicha contingencia.