Novedades que se introducen en la regulación de los instrumentos de ordenación contenida en LUVA en relación con: proyectos de inversiones estratégicas sostenibles, planes de acción territorial, plan general estructural, planes parciales y catálogos de protección.
Creación de la Agencia valenciana de protección del territorio. Objeto, funciones y obligaciones de los municipios adheridos.
En Cataluña, se declara inconstitucional la expropiación autonómica del uso de viviendas en situaciones de emergencia social.
Determinación de actividades que se consideran de interés general y novedades procedimentales en la emisión de la declaración de interés autonómico para las inversiones de interés autonómico incluidas en los planes y proyectos de interés general.
La Sala IV del TS es competente para resolver en única instancia de la sanción derivada del impago de cuotas adeudadas a la TGSS en forma y plazo. Multa que no está vinculada a un acta de liquidación de cuotas, sino a un acta de infracción que deriva en la imposición de una sanción administrativa por parte del Consejo de Ministros. Este supuesto tiene su encuadre en la regla general de atribución de la LRJS art.2.s) que queda al margen de la excepción recogida en la LRJS art.3.f.
Estudio de la protección de la legalidad urbanística a través de medidas de intervención: actos autorizatorios y comunicaciones previas.
Estudio de las particularidades de los instrumentos de ordenación y gestión urbanística en relación con su objeto y especialidades procedimentales (sin las normas comunes de procedimiento).
Particularidades del procedimiento de aprobación.
Salvo que se constate abuso de derecho o mala fe, el empresario no puede descontar de los salarios de tramitación el periodo durante el que se sustanció la incompetencia por razón del territorio derivada de la presentación inicial de la demanda ante juzgado de lo social incompetente.
La jurisdicción social es competente en demanda por acoso laboral de una funcionaria, que reclama que este cese y una indemnización por daños, porque se acciona por infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y no por vulneración de derechos fundamentales.
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