El Derecho de la Unión se opone a que la normativa de un Estado miembro no permita a una sociedad residente la deducción en su base imponible de las pérdidas definitivas de un EP no residente, siempre que dicha sociedad haya agotado las posibilidades de deducción en el Estado de residencia del EP y que haya dejado de percibir ingresos del mismo.
Para limitar el alcance de la responsabilidad, la Administración puede aceptar la valoración que hayan dados las partes a los bienes ocultados o transmitidos, que debe entenderse neta de cargas y gravámenes. Esta valoración no puede modificarse de oficio por los tribunales económico-administrativos.
En caso de que el destinatario del servicio de reparación sea una persona física que utiliza la vivienda para su uso particular, los servicios de reparación deben aplicar el tipo reducido. Si la destinataria es la empresa aseguradora, el tipo a aplicar es el general.
Los vehículos comerciales se presumen afectos en un 100% a la actividad, con independencia de si las tareas comerciales o de representación de la compañia son realizadas por profesionales o trabajadores asalariados.
La exención de la vivienda habitual en la imputación de rentas inmobiliarias no es de aplicación a los no residentes que han optado por tributar bajo el régimen de trabajadores desplazados.
Constituye un derecho del responsable subsidiario el acceso a todos los documentos que obren en el expediente administrativo de quién fuera parte en el proceso principal.
En aquellos casos en que hubiera sido denegada la solicitud, no se levanta la suspensión cautelar del acto impugnado mientras no se resuelva el incidente de suspensión.
