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Suspensión de la ejecución del acto impugnado en vía económico-administrativa

Un obligado tributario interpone reclamación económico administrativa contra la liquidación derivada de un acta de inspección. Simultáneamente y, como consecuencia de la interposición, solicita la suspensión de la ejecución del acto impugnado, garantizando la deuda.
Denegada la suspensión, el contribuyente presenta incidente en la reclamación que se interpone contra el acto cuya suspensión se solicita (RGRV art.44). Dos meses después, la Administración le notifica providencia de apremio.
El contribuyente recurre la providencia ante el TEAR y, posteriormente, en alzada ante el TEAC. El objeto de debate se centra en determinar hasta que momento, habiéndose solicitado la suspensión del acto en periodo voluntario e habiéndose interpuesto contra la denegación incidente de suspensión, se entiende vigente la suspensión cautelar del acto.
El TEAC, en relación con las solicitudes de suspensión establece:
– que suspenden cautelarmente el procedimiento de recaudación;
– que contra su denegación se puede interponer incidente de suspensión; y
– que existe consolidada jurisprudencia del TS que indica que la Administración no puede iniciar la vía ejecutiva en tanto la decisión sobre la suspensión dependa de los órganos económico administrativos.
Tomando como base el TS 21-12-17, en aras a no poner en mejor lugar a quienes solicitan la suspensión sin aportación de garantía alguna (RGRV art.46) frente a quienes la solicitan aportando garantías (RGRV art.44) y para no vulnerar el principio a la tutela judicial efectiva (Const art.24) el TEAC, cambia de criterio y establece que la suspensión cautelar ha de mantenerse hasta la resolución del incidente de suspensión.
Es por ello que estima la reclamación.

NOTA
El TS argumenta que para analizar la concurrencia de los requisitos necesarios para conceder la suspensión con dispensa total o parcial de garantía, el tribunal debe admitir a trámite la solicitud en todos los casos y desestimarla cuando efectivamente considere que no han sido correctamente justificados los perjuicios que sufriría el contribuyente con la ejecución de la liquidación (TS 21-12-17, EDJ 262734). Esta interpretación tiene como consecuencia que al desestimarse la solicitud, en lugar de inadmitirse, obliga a la Administración a conceder un nuevo periodo voluntario de pago, sin recargos ni sanciones al contribuyente.

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