No se produce un trato desfavorable ni se opone a la normativa comunitaria, la previsión legal según la cual, en el supuesto de la resolución de una contrata que trae como consecuencia, por una parte, la finalización de los contratos de trabajo por obra o servicio vinculados a la misma y, por otra parte, da lugar a un despido colectivo, basado en una causa objetiva, de los trabajadores fijos de la empresa, la indemnización por extinción de la relación laboral abonada a los primeros es inferior a la concedida a los trabajadores fijos.
Posibilidad de diversas medidas de adaptación de la jornada de trabajo para la conciliación de la vida familiar y laboral, establecidas mediante la negociación colectiva o, en su defecto, mediante la negociación personal del empresario y de la persona trabajadora.
La regulación de los comedores laborales de 1938 se entiende derogada, por lo que de no existir tampoco regulación colectiva, como ocurre en el caso enjuiciado, no hay norma alguna que obligue al empresario a instalar un comedor de empresa.
Se aplica el tipo 0% previsto hasta ahora para las viviendas de protección oficial de régimen especial o de promoción pública a las viviendas de protección oficial de régimen general y a las viviendas adquiridas por las entidades que apliquen el régimen especial entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas. Para las operaciones relacionadas con el resto de viviendas, se establece la aplicación del tipo general del IGIC, si bien se aprueban ciertos tipos reducidos para transmisiones de viviendas entregadas directamente por el promotor para vivienda habitual del adquirente.
No se infringe el deber de negociar de buena fe por parte de la representación de los trabajadores por el hecho de no plantear de forma expresa durante el periodo de consultas la existencia de un grupo laboral de empresas. Y no puede negarse por ese motivo el derecho a ejercitar en la demanda de impugnación la pretensión de que se declare la existencia del grupo. No cabe trasladar de forma automática a la actuación de los representantes las mismas reglas sobre la buena y mala fe de la actuación empresarial, porque las obligaciones específicas impuestas a la empresa durante el periodo de consultas vienen reguladas legalmente, lo cual no ocurre con las que incumben a los trabajadores, más allá de ese genérico sometimiento al principio de la buena fe.
Los servicios de arrendamiento de inmuebles proporcionado por la entidad holding a sus filiales supone la intervención directa en su gestión y por tanto es posible deducir los gastos soportados en la reestructuración empresarial realizada.
