La subcomunidad puede constituirse legalmente si no está prohibida por los estatutos o el título constitutivo.
Cuando un documento privado ha sido otorgado por una persona fallecida en el momento de su elevación a público por los herederos, en la liquidación del ITP y AJD resulta determinante la fecha del fallecimiento.
El cambio del proyecto inicial y licencia que supone la modificación de la división horizontal puede tener repercusión en la liquidación del ITP y AJD.
Se rechaza la aportación de decisiones judiciales posteriores a la sentencia recurrida y referida a la cuestión debatida (existencia de grupo de empresas), cuando carecen de firmeza o de carácter decisivo. Tales pronunciamientos sólo muestran un criterio diverso que no puede primar y que en todo caso tendría un mero carácter ilustrativo.
El apoderado de un sociedad con facultades para «conferir poderes … y revocar los poderes conferidos» puede revocar todos los poderes otorgados por la sociedad y no únicamente aquéllos conferidos por él mismo.
El cambio del proyecto inicial y licencia que supone la modificación de la división horizontal puede tener repercusión en la liquidación del ITP y AJD.
La residencia de las personas físicas se determina por períodos impositivos completos, coincidiendo el período impositivo con el año natural, sin posibilidad de fraccionamiento del período impositivo por cambio de residencia.
La inscripción de la liquidación de una sociedad promotora inmobiliaria, cuando no hayan transcurrido los plazos de prescripción de las acciones para reclamar por daños materiales, requiere la previa acreditación de la constitución de las garantías (seguro de daños) legalmente previstas para cubrir los eventuales defectos o vicios de la construcción.
Si la dominante de un grupo fiscal es absorbida, el mismo se extingue en la fecha de inscripción de la fusión en el Registro Mercantil, por lo que hay que incorporar las eliminaciones pendientes de integración en la base imponible. Si la fusión se acoge al régimen especial de reorganizaciones empresariales, la absorbente se subroga en la posición de las absorbidas en relación con las partidas pendientes de deducción.
El archivo de la denuncia de una trabajadora contra su jefe por acoso sexual, por no quedar acreditado el carácter inconsentido de las relaciones, provoca que éste la acuse de cometer un delito de denuncia falsa que, al ser estimado por los tribunales, supone para la trabajadora el pago a su jefe de una indemnización por daño moral, además de la condena penal.
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