Con efectos desde el 30-11-2016, se introducen modificaciones técnicas en los diseños físicos y lógicos de determinadas declaraciones informativas.
Es competente la jurisdicción social para el conocimiento de la demanda de un trabajador que solicita la condena a la suscripción de convenio especial para mayores de 55 años derivado de un despido colectivo en una empresa, que es declarada la empresa posteriormente en concurso, y ello aunque la comunicación individual a los trabajadores se hiciese el mismo día del auto de declaración de concurso y con efectos de tres días después, pues la empresa había iniciado ya los trámites para dicha suscripción antes de la declaración del concurso.
En el caso de caducidad del derecho a la compensación del saldo pendiente de compensar en el IVA, nace un derecho autónomo a obtener la devolución con un nuevo plazo de cuatro años de prescripción, que debe ser ejercitado mediante una petición expresa del interesado.
Si el complejo inmobiliario es constituido por la agrupación de comunidades, no recogiéndose en la escritura de constitución solo normas comunes de administración sino también valores económicos, se ha de entender que concurre el requisito de cantidad o cosa valuable a efectos de la tributación por la modalidad AJD del impuesto.
Si el complejo inmobiliario es constituido por una agrupación de comunidades, no recogiéndose en la escritura de constitución solo normas comunes de administración sino también valores económicos, se ha de entender que concurre el requisito de cantidad o cosa valuable a efectos de la tributación por la modalidad
El TS la considera práctica abusiva que permite al profesional (banco) el acceso a un proceso privilegiado en perjuicio del consumidor.
Novedades normativas autonómicas publicadas en noviembre de 2016.
El contenido del convenio se extiende a los créditos anteriores al concurso y no reconocidos, aplicándoseles las quitas convenidas e impuestas a los acreedores concursales que sí habían sido reconocidos.
La prescripción de la acción para reclamar el daño de producción sucesiva en la finca colindante a una obra, requiere un resultado definitivo del mismo.
La existencia de ilegalidades urbanísticas no puede considerarse como algo que escapa a la L 57/1968, al encontrarse estrechamente relacionada con la obligación del promotor-vendedor de iniciar y entregar la vivienda, cumpliendo las condiciones físicas y jurídicas para ser habitada sin miedos de futuro y sin frustración de expectativas.
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