Recientes demandas de revisión de sentencias firmes se desestiman por la Sala IV del TS por los siguientes motivos qa tener en cuenta por quien plantea este tipo de demandas. No cabe revisión con base a sentencia del TS que cambian su doctrina con posterioridad a la firmeza de la sentencia que se pretende revisar. Tampoco con base a documentos previos a la sentencia a revisar que pudieron ser aportados al pleito. Tampoco se admite cuando no se acredita que el acceso a los documentos no se impidió por fuerza mayor ni por obra de la contraparte.
El incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil en el plazo establecido tiene como sanción el cierre registral y la imposición de una multa. El procedimiento sancionador para la imposición de la multa se inicia de oficio por el ICAC. La presentación de una denuncia por parte de personas interesadas no confiere al denunciante la condición de interesado en el procedimiento. No hay obligación de comunicar al denunciante la incoación del expediente sancionador.
Se establecen medidas para protección de la personas afectadas por desahucios provenientes de ejecuciones hipotecarias. entre otras, la expropiación forzosa del usufructo temporal de determinadas viviendas para la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social y la suspensión temporal de los procedimientos administrativos de desahucio de viviendas de promoción pública.
Reserva de terrenos para la constitución o ampliación de los patrimonios públicos de suelo de los terrenos delimitados en el ámbito de actuación de un plan o proyecto de interés general, una vez determinada su ubicación.
Medidas provisionales aplicables a los casos de declaración de nulidad de todo o parte de un instrumento de planificación urbanística municipal por sentencia firme que implique la recuperación de vigencia de un instrumento de planificación anterior pero que no responda a la realidad urbanística existente.
El Tribunal Constitucional ha declarando la nulidad de algunos preceptos relativos a la determinación de la cuota tributaria de la Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social.
En los procedimientos de aplazamiento o fraccionamiento de pago relativos a deudas que no superen el importe de 1.000 euros, el Departamento de Recaudación va a adoptar la presunción de que el obligado cumple con los requisitos para la concesión de su solicitud, sin que sea necesario la aportación de otras pruebas o documentación.
La fecha a tener en cuenta, en orden a la determinación de los efectos de la revisión del grado de invalidez, incluido el de la cuantificación de la nueva pensión, es aquella en que pone fin al expediente administrativo.
