Con el objeto de resolver las dudas que la aplicación de la prestación extraordinaria por cese de actividad pudiera suscitar se adopta por la DGOSS el siguiente criterio interpretativo.
Remisión a la normativa específica para la tramitación de los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, y que afecten a los socios trabajadores de CTA y sociedades laborales
Es posible reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado legislador por el pago indebido de las liquidaciones del IIVTNU tras la sentencia del TCo 59/2017.
Se establece la moratoria de deudas hipotecarias con motivo de la crisis sanitaria derivada del COVID-19.
Se establecen diversas medidas aplicables a los arrendatarios en especial situación de vulnerabilidad ocasionada por la crisis sanitaria del COVID-19.
Se aprueba un sistema de ayudas y medidas públicas destinadas a proteger a los arrendatarios de vivienda y otras personas en situación de emergencia habitacional y en situación de vulnerabilidad, ocasionadas por la crisis del COVID-19.
Para acreditar la carencia especifica de trabajadores migrantes retornados que percibieron el subsidio de desempleo para mayores de 52 años, hay que tener en cuenta que es posible computar tanto cotizaciones nacionales, como las realizadas en otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo o Suiza. Sin embargo, no computa el período de percepción del subsidio por desempleo para mayores de 52 años, debiéndose considerar que durante su percepción existe un paréntesis dentro del período de referencia de 15 años donde hay que acreditar la carencia específica de 2 años. Paréntesis que se abre en el momento de la solicitud de al pensión y se cierra en la fecha de inscripción como demandante de empleo. Fecha esta última a partir de la cual se han de computar hacia atrás los 15 años de período de referencia.
Se estima el recurso de la empresa y se declara procedente el despido de un trabajador que se ausentó 8 días sin reincorporarse tras su alta médica que, al no haber sido impugnada, surte efectos. Máxime cuando el convenio aplicable considera falta muy grave la falta de asistencia al trabajo no justificada durante más de 3 días en un período de 30 días. No desvirtúa tal conclusión que existiera cierta conflictividad laboral, pues no se concretó en los hechos probados, ni tampoco la intachable trayectoria profesional del despedido durante más de 20 años, ya que no se sancionaba la reincidencia de faltas previas.
Pueden utilizarse los valores recogidos en las escrituras de adquisición y transmisión para acreditar la existencia de una minusvalía en la transmisión del terreno.
Al objeto de facilitar la justificación de la residencia en la UE a los fondos de pensiones e instituciones de inversión colectiva, condición necesaria para dejar exentas determinadas rentas, se modifica el RIRNR.
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