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Acreditación de una minusvalía en situaciones anteriores a la declaración parcial de inconstitucionalidad del IIVTNU

La entidad demandante de amparo presentó ante el ayuntamiento una solicitud de devolución de ingresos indebidos por la cantidad satisfecha en concepto de IIVTNU. Junto con la solicitud, aportaba las escrituras de adquisición y transmisión, en las que se reflejaba un valor de venta (289.000 €) inferior al de compra (455.000 €). Desestimada la solicitud por resolución de la alcaldía de 22-5-2015, se interpuso recurso ante el JCA Madrid núm 33, en el que se argumentaba la inexistencia de incremento de valor en el inmueble transmitido. A tal fin, se solicitó prueba documental y pericial judicial, y esta última fue inadmitida al considerar el órgano judicial que se trataba de una prueba que la parte había podido aportar y no lo hizo, además de considerarla no procedente. El recurso contencioso-administrativo fue desestimado razonándose, que no se había acreditado por la parte demandante que no se hubiese producido el incremento de valor del terreno gravado por el impuesto.
a) Consecuencias de la declaración parcial de inconstitucionalidad del IIVTNU. Según la doctrina del Tribunal Constitucional, cuando se trata específicamente de un proceso de amparo, la sentencia que se recurre en amparo es firme salvo que se aprecie la vulneración de un derecho susceptible de ser examinado en un recurso de amparo. Los efectos de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad no se trasladarán, de forma automática, al proceso de amparo en el que se ha aplicado el precepto legal declarado inconstitucional, salvo que la declaración de inconstitucionalidad lo haya sido por la vulneración de un derecho o libertad susceptible de tutela en el proceso de amparo constitucional. Lo anterior impide trasladar los efectos la declaración de inconstitucionalidad parcial de las reglas del IIVTNU contenidas en la LHL art.107.1, 107.2 a) y 110.4 (TCo 59/2017), pues la misma se fundamentó en la vulneración del principio de capacidad económica (Const art.31.1), esto es, de un precepto constitucional que no recoge derechos o libertades susceptibles de amparo constitucional.
b) Posible vulneración del derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa (Const art.24.2): entiende el Tribunal Constitucional que no se puede considerar lesionado dicho derecho cuando una prueba haya sido inadmitida en aplicación de normas legales cuya legitimidad constitucional no pueda ponerse en duda, que es exactamente lo que ha sucedido en este caso, en relación con la prueba pericial. En concreto, el juzgado ha denegado la pericial en virtud del régimen legal de admisión de la prueba pericial previsto en la LEC, de aplicación supletoria a los procesos contencioso-administrativos, que impone como regla general la aportación de los informes periciales por las propias partes (LEC art.336), y solo cuando esto no es posible, es que se puede solicitar su práctica en la vista, entre otros en el supuesto de la LEC art.339.
c) Lesión del derecho a la valoración de la prueba (Const art.24.1). Con la demanda se adjuntaron las escrituras de compra y venta, que ponen de manifiesto la minusvalía sufrida en la transmisión del inmueble, prueba documental que fue admitida en la vista.
Es cierto, que con anterioridad a la declaración de inconstitucionalidad de la LHL art.110.4 (TCo 59/2017), no cabía la prueba de una minusvalía, por impedirlo expresamente el citado precepto. Es a partir de esa declaración de inconstitucionalidad cuando los obligados tributarios pueden acreditar un resultado diferente (una minusvalía) al derivado de la aplicación de las reglas de valoración que contiene la norma legal (una plusvalía) y, por tanto, una situación inexpresiva de capacidad económica no susceptible de imposición.
Lo relevante en este caso es que, al momento de dictarse la sentencia controvertida, el órgano judicial ya consideraba que se podía probar tal minusvalía, por lo que, según su propio criterio la prueba solicitada era relevante y pertinente.
La vulneración de la Const art.24.1 se sustenta en la falta de valoración de las escrituras de compraventa, cuya veracidad no fue tampoco contestada por el ayuntamiento, por lo que su valoración por el órgano judicial resultaba en este caso insoslayable.
Por los razonamientos expuestos, debe estimarse el recurso de amparo, procediéndose a anular las resoluciones recurridas y a retrotraer las actuaciones, a fin de que sean los órganos de la jurisdicción ordinaria quienes se pronuncien, de forma respetuosa con el derecho fundamental.

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