Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1-1-2021, se concretan los requisitos necesarios para su aplicación.
Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1-1-2021, se introduce una mejora técnica para que el concepto de fallido se refiera a las entidades deudoras y no a los créditos.
Se establecen ciertos requisitos que han de cumplir los socios para que sean computables a efectos de la aplicación por la SICAV del tipo de gravamen reducido del 1%, así como un régimen fiscal transitorio aplicable en la disolución con liquidación de SICAV, para permitir que los socios de las SICAV puedan trasladar su inversión a otras IIC que cumplan los requisitos para mantener el tipo de gravamen reducido en el IS.
Se establece para las SOCIMI un gravamen especial sobre la parte de los beneficios no distribuidos que proceda de rentas que no hayan tributado al tipo general del IS ni estén en plazo legal de reinversión.
Se modifica el régimen de la transparencia fiscal internacional destacando, entre otras novedades, la imputación de las rentas obtenidas por los establecimientos permanentes en el extranjero y la inclusión de nuevas rentas objeto de imputación.
Se actualizan las personas o entidades que deben responder subsidiariamente del pago del impuesto.
Con carácter general, se modifica la referencia al valor real de los bienes y derechos por el de valor, equiparándolo al valor de mercado a efectos de la tributación por este impuesto.
Con efectos para los períodos iniciados a partir de 1-1-2021, en el caso de que un establecimiento permanente situado en España traslade su actividad al extranjero ha de satisfacer un impuesto de salida que se puede fraccionar si el traslado se realiza a un Estado miembro de la UE o del EEE que haya celebrado con España o con la UE un acuerdo sobre asistencia mutua.
Se sustituye el concepto de paraíso fiscal por el de jurisdicción no cooperativa y se determina que tienen tal consideración aquellos países o territorios que no cumplan los estándares internacionales en materia de transparencia, equidad fiscal, o no exista normativa de asistencia mutua en el intercambio de información tributaria, en línea con las directrices de la UE y la OCDE.
Se excluye de la obligación de nombrar representante a las personas residentes o entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en otro Estado miembro de la UE o del EEE al que se aplique la normativa sobre asistencia mutua, debiendo actuar ante la Administración tributaria española por medio de las personas que ostenten su representación de acuerdo con las normas de representación legal y voluntaria previstas en la LGT.
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