La inclusión en el objeto social de actividades profesionales determina la presunción a favor de sociedad profesional.
Por la presente Circular se desarrollan y clarifican los requisitos de organización interna y las funciones de control de las entidades que prestan servicios de inversión de una manera ordenada y coherente con la L 24/1988, del Mercado de Valores (LMV), sus disposiciones de desarrollo incluidas en el RD 217/2008, así como en la normativa de solvencia.
EL TJUE ha admitido que la legislación comunitaria no se opone a la LMV art. 108, en su redacción dada por la L 18/1991, que grava por ITP y AJD la transmisión de participaciones en entidades integradas principalmente por inmuebles.
El valor a considerar a efectos de la liquidación del ITP y AJD en los casos de obra nueva y división horizontal se corresponde con el de ejecución material de la obra.
Creación del Registro de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios.
Se imputa al notario autorizante de la escritura pública de compraventa responsabilidad civil por daños y perjuicios ocasionados al comprador por la omisión de la existencia de un embargo sobre el bien comprado. La ignorancia del notario sobre la existencia de un embargo no es excusable frente al adquirente.
Creación del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible de Cataluña, órgano asesor en materias con especial incidencia sobre el desarrollo sostenible.
La ayuda pública del plan PIVE para adquisición de un vehículo nuevo tributa como ganancia patrimonial a integrar en la renta general, sin que proceda computar una pérdida patrimonial por la obligatoria entrega del vehículo usado para su desguace.
En la web de la Seguridad Social se publica y difunde el listado de empresas que pueden ampararse en la normativa que en materia de jubilación estaba vigente a 31-12-2012.
Si en el marco del periodo de consultas de un expediente de regulación de empleo la empresa no entrega a los representantes de los trabajadores la contabilidad real del grupo no solo está impidiendo una verdadera negociación sino también incumple, con ello, la exigencia legal de negociar de buena fe con vistas a la consecución de un acuerdo y, en consecuencia, procede declarar la nulidad del despido colectivo decidido a consecuencia del expediente.
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