No se vulnera el deber de secreto en el caso de auditores de cuentas y sociedades de auditoría de pequeña dimensión que utilicen a personas o sociedades de auditoría externas en la revisión de control de calidad de dichas firmas.
En los procesos de reorganización no se pueden computar dos veces una misma pérdida, como en los supuestos en los que las pérdidas de la adquirente hayan provocado un deterioro deducible en la transmitente, aunque la normativa no lo prevea expresamente.
Convenios colectivos
La Agencia Tributaria ha publicado una relación de preguntas frecuentes sobre el Acuerdo entre España y EEUU para la aplicación de la Ley de Cumplimiento Tributario de cuentas extranjeras (FATCA) y la declaración informativa anual de cuentas financieras de determinadas personas estadounidenses (modelo 290).
El orden jurisdiccional social es competente en el caso de una funcionaria que pide una indemnización de daños y perjuicios con base en un supuesto de acoso en el que se alega vulneración de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
Es lícita la huelga convocada durante el periodo de vigencia del convenio colectivo cuando su finalidad no es estrictamente la de alterar el convenio, como puede ser reclamar una interpretación del mismo o exigir reivindicaciones que no impliquen modificación del convenio.
Los contratos suscritos en la modalidad de obra o servicio deben considerarse celebrados, pese a la literalidad de sus cláusulas, por tiempo indefinido si no se identifica su objeto legal con claridad y precisión, ni se desvirtúa por el empleador la presunción que nace de tal incumplimiento.
Para fijar la indemnización por la extinción del contrato de TRADE, cuando esta no está fijada en contrato individual ni en acuerdo de interés profesional, existe un amplio margen jurisdiccional, pudiéndose poner como punto de comparación lo previsto en la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección y en la especial de empleados del hogar, en que se permite el desistimiento unilateral del empleador y se fija la indemnización máxima en seis mensualidades de salario.
El TEAC cambia el criterio que hasta ahora sostenía, y declara que no es admisible la impugnación indirecta de las ponencias de valores, que se produce cuando los interesados reciben las notificaciones de los valores catastrales asignados a sus fincas por aplicación de las mismas.
En la aportación de capital por una empresa no residente en España en la que como contraprestación es entregado de un inmueble sito en España sí queda gravada la elevación a público de los acuerdos sociales.
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