Se aprueba el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía, que incluye la concesión de incentivos, instrumentos que faciliten el acceso a la financiación a pymes y empresas de economía social, así como la constitución de un foro de participación para la definición de un nuevo modelo de construcción y rehabilitación.
Se modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias a fin de transponer al derecho interno la Dir 2011/83/UE
La LIS art.50 redacc L 16/2013 recoge un régimen de exención rogada, respecto de aquellas rentas procedentes del extranjero, para aquellas fórmulas de colaboración análogas a las uniones temporales y no a las UTES propiamente dichas. No obstante lo anterior, dado que la modificación del referido artículo se ha realizado en el marco de las modificaciones introducidas en la LIS art.14 redacc L 16/2013, en virtud de las cuales se establece tanto la no deducibilidad de las rentas negativas obtenidas a través de un establecimiento permanente sito en el extranjero como la no deducibilidad del deterioro de valor de las participaciones en el capital o fondos propios de entidades, con el fin de evitar la doble deducibilidad de las pérdidas, en un primer momento, en sede de la entidad o del establecimiento permanente que los genera y, en un momento posterior, en sede del inversor o casa central, una interpretación sistemática y razonable de la norma determina la no deducibilidad de las rentas negativas obtenidas por las UTES procedentes del extranjero. En tal supuesto, no deben integrarse en la base imponible las rentas positivas obtenidas con posterioridad, hasta el importe de dichas rentas negativas.
La valoración realizada por una Administración autonómica en el ITP y AJD puede trascender y vincular a efectos del IS cuando la normativa de ambos impuestos establecen la misma valoración, ya que se trata de dos impuestos estatales, y la Comunidad Autónoma actúa como delegada para la gestión, inspección y valoración del tributo cedido.
Vulnera el derecho a la igualdad establecer que la acreditación de la existencia de pareja de hecho se llevaría a cabo según estableciera la legislación específica de la Comunidad Autónoma con Derecho Civil propio.
El efecto positivo de cosa juzgada obliga de oficio a tener por válido el salario regulador de la indemnización por despido establecido en sentencia firme (LEC art. 222.4). Efectivamente, la cuestión salarial no se puede reproducir o reabrir en un proceso posterior de reclamación de cantidad cuando el salario quedó determinado en ese pleito de despido ya se determinó de forma prejudicial el salario del trabajador, fijado, a su vez, mediante la necesaria identificación del convenio colectivo aplicable.
Una empresa pretende que se declare la ilegalidad de una huelga por solidaria, por falta interés y por novatoria de convenio vigente. Se considera legal porque existían razones fundadas para su convocatoria y no obedecía a los fines ilegítimos que imputa la empresa, sino que perseguía otros objetivos relacionados con intereses profesionales, como el mantenimiento del empleo.
La nueva Directiva tiene por objeto garantizar unas condiciones dignas de trabajo y de vida para los trabajadores temporeros, mediante el establecimiento de normas de admisión y estancia y la definición de los derechos de dichos trabajadores, sin dejar por ello de ofrecer al mismo tiempo incentivos y salvaguardias para evitar que la estancia temporal se prolongue más de lo permitido o se convierta en permanente.