Se aprueba el Plan de vivienda 2013-2016 de La Rioja, para regular en esta Comunidad Autónoma la aplicación del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas.
Desde el 9-2-2014 se incorpora al derecho español la normativa sobre el sistema de reembolso de gastos por asistencia sanitaria transfronteriza, esto es, recibida en otro Estado de la UE establecido en la Dir 2011/124/UE que configura un sistema paralelo al ya existente en los Reglamentos de coordinación.
Límite de ingresos para tener derecho a los complementos para mínimos y cuantías mínimas y máxima de las pensiones de la Seguridad Social durante 2014
A efectos del nuevo texto articulado de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, se recoge la consideración de persona con discapacidad.
La entidad concedente de una concesión administrativa tiene que registrar las infraestructuras construidas por la empresa concesionaria, cuando aquella es una empresa pública que aplica el PGC, en el modelo de activo financiero, por el valor razonable del activo, reconociendo simultáneamente un pasivo financiero por dicho importe; y en el modelo del activo intangible, por el valor razonable del activo en el momento en el que se cumplan los criterios para el registro o reconocimiento contable del activo, teniendo que registrar simultáneamente un ingreso diferido. Si la contraprestación recibida por la empresa concesionaria consiste parte en un activo financiero y parte en un inmovilizado intangible, la entidad concedente registrará la operación en términos de proporción de acuerdo con lo indicado.
El 24-2-2013 entró en vigor la modificación de la Ley de Justicia Gratuita que básicamente amplía el ámbito subjetivo y objetivo de este beneficio y explicita el control de recursos e ingresos económicos. En primer lugar, respecto al ámbito subjetivo se añaden dos nuevos colectivos que gozan de este beneficio con independencia de la existencia de recursos para litigar: por un lado, víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas; así como a los menores de edad y las personas con discapacidad psíquica cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato; por otro lado, a quienes a causa de un accidente reclamen una indemnización por daños personales o morales y acrediten secuelas permanentes que les impidan totalmente la realización de las tareas de su ocupación laboral o profesión habitual y requieran la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria. En segundo lugar, también se amplía el ámbito objetivo de la asistencia jurídica gratuita: por un lado, se incluye expresamente la exención del pago de tasas judiciales (L 1/1996 art.6.5 modif RDL 3/2012 art.2.Cinco) cuestión que se reitera en la L 1/1996 art.12.1 modif RDL 3/2012 art.2.Seis sobre solicitud del derecho permitiendo que el beneficio de justicia gratuita se circunscriba al abono de tasas y depósitos. Aunque existe cierta discordancia entre la redacción actual de la Ley de Justicia Gratuita y la Ley de Tasas, la inclusión de la exención de tasas entre los beneficios de la justicia gratuita resulta relevante, pues permite concluir que trabajadores y beneficiarios -como titulares de la asistencia jurídica gratuita con independencia de la existencia de recursos para litigar (L 1/1996 art.2.d)- se benefician de la exención de las tasas judiciales en el orden jurisdicción social y también cuando pleiteen sobre estas materias el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. No obstante, surgen dudas, pues la Ley de tasas mantiene la exención del 60% de la cuantía de la tasa a favor de los trabajadores en el orden social (L 10/2012 art.4.3) que resultaría redundante en caso de haber quedado este colectivo exento completamente de su abono. Por otro lado, se prevé la posibilidad de asistencia pericial gratuita por técnicos privados a favor de menores o personas con discapacidad psíquica que sean víctimas de abuso o maltrato. Finalmente, se modifican los requisitos básicos para identificar a las personas físicas y ciertas personas jurídicas a las que se reconoce este beneficio por no superar determinados umbrales de ingresos o patrimonio -asociadas siempre al IPREM-; aunque cabe en algunos casos el reconocimiento excepcional del derecho a sujetos que los superan. Además, debe destacarse la modificación del procedimiento de solicitud del derecho y la posibilidad de que el Secretario judicial de oficio o a instancia de las parte, para evitar la preclusión de un trámite o la indefensión de las partes, decrete la suspensión hasta que se decida el reconocimiento o la denegación del derecho a la asistencia jurídica gratuita. Finalmente, es interesante la previsión de que una vez reconocido el derecho al beneficio de Justicia Gratuita cabe, a instancia del interesado, la restitución de las tasas devengadas desde la entrada en vigor de la Ley de Tasas (el 22-11-2012) siguiendo el procedimiento de la Ley General Tributaria (L 58/2003 art.221; RDL 3/2013 disp.trans.1ª)
Está exenta la pensión de jubilación por incapacidad permanente del régimen de clases pasivas del Estado, aunque posteriormente se le reconozca una discapacidad superior que da lugar a la correspondiente pensión de incapacidad permanente absoluta, siempre que las circunstancias determinantes de la exención concurran en cualquier momento de la vida activa del trabajador.
Límite de ingresos para tener derecho a los complementos para mínimos y cuantías mínimas y máxima de las pensiones de la Seguridad Social durante 2013
El TS ha desestimado el recurso de casación en interés de la Ley sobre la correcta interpretación y aplicación de la reducción por discapacidad, que reclamaba que se fijase como doctrina legal que la aplicación de la referida reducción exige que a la fecha de fallecimiento del causante concurra en el sujeto pasivo la condición legal de discapacitado, con un grado de discapacidad igual o superior al 33%; condición que solo se adquiere a partir de la resolución administrativa que la determine con carácter definitivo, y no antes, con independencia de la naturaleza de los padecimientos que afecten al sujeto pasivo.
Desde el 12-10-2012 la determinación de la necesidad del concurso de tercera persona relevante para fijar el monto de la pensión de invalidez no contributiva o de la asignación por hijo o menor acogido a cargo discapacitado en un grado igual o superior al 75%, se realiza según el baremo de la ley de dependencia. Se estima acreditada tal necesidad cuando de la aplicación de dicho baremo se obtiene una puntuación que da lugar a cualquier de los grados de dependencia establecidos. También se da nueva redacción a las deficiencias contenidas en la Clase V sobre limitaciones en la actividad muy graves y se suprime la obligatoriedad de señalar el tipo o los tipos de deficiencias en la resolución del reconocimiento de la situación de discapacidad, protegiéndose la privacidad de la información personal en los certificados de la situación de discapacidad.
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