Se modifican aspectos formales de las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los libros registro del IVA.
Se suprime la obligación de presentar informe técnico emitido por una entidad debidamente acreditada en relación con la deducción por I+D e IT y se introducen dos nuevos supuestos de excepción a la obligación de retener.
Se adecúan los puntos de conexión relativos a las retenciones e ingresos a cuenta de determinados rendimientos del trabajo a las modificaciones introducidas en el Concierto Económico.
Se modifica la obligación de suministro de información por operaciones de reducción de capital con devolución de aportaciones o de distribución de prima de emisión.
Porcentaje de aportación a la prestación farmacéutica de personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España.
Convenios colectivos
Adaptación de la normativa reglamentaria sobre desempleo al fallo del TJUE en el asunto Espadas Recio, de forma que, desde el 29-7-2018, para determinar el periodo de ocupación cotizada para acceder al desempleo de los trabajadores a tiempo parcial se ha de computar el período durante el que el trabajador haya permanecido en alta cualquiera que haya sido la duración de la jornada.
Cabe recurso de suplicación contra una sentencia que confirma una sanción por infracción en materia de prevención de riesgos laborales, aunque su importe no supere el umbral de los 18.000 euros, si en la demanda impugnando la sanción se alega también la vulneración de un derecho fundamental, como el derecho a la presunción de inocencia.
Desarrollo de la posibilidad de incremento del porcentaje aplicable a la base reguladora en caso de que la persona beneficiaria de la pensión de viudedad tenga 65 o más años y que no perciban otra pensión pública, ni otros ingresos por la realización de trabajo o de capital en cuantía relevante.
El TCo declara la nulidad de la atribución a la Administración del Estado del ejercicio de potestades ejecutivas relativas a la financiación de programas formativos que incluyan compromisos de contratación y para nuevas funciones encomendadas a los agentes sociales.
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