Graduación de las sanciones con integración de la perspectiva de género

El concepto peligrosidad de las actividades desarrolladas en la empresa o centro de trabajo, establecido legalmente como uno de los criterios a tener en cuenta para graduar las sanciones por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, debe interpretarse conforme a la realidad actual e integrando la perspectiva de género.

Valoración del daño moral sufrido por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por el empleador

La valoración del daño moral conforme a las cuantías fijadas en la LISOS es un criterio perfectamente válido. Y aunque no esté contemplado entre los criterios de graduación de las sanciones de la LISOS, además se debe tener en cuenta que la indemnización ha de contribuir a la finalidad de prevenir el daño (LRJS art.183.2), por lo que la sentencia debe tener un efecto disuasorio.

Recurribilidad en suplicación de una sanción por infracción en materia de prevención de riesgos laborales inferior a 18.000 €

Cabe recurso de suplicación contra una sentencia que confirma una sanción por infracción en materia de prevención de riesgos laborales, aunque su importe no supere el umbral de los 18.000 euros, si en la demanda impugnando la sanción se alega también la vulneración de un derecho fundamental, como el derecho a la presunción de inocencia.

Recurribilidad en suplicación de una sanción por infracción en materia de prevención de riesgos laborales inferior a 18.000 €

Cabe recurso de suplicación contra una sentencia que confirma una sanción por infracción en materia de prevención de riesgos laborales, aunque su importe no supere el umbral de los 18.000 euros, si en la demanda impugnando la sanción se alega también la vulneración de un derecho fundamental, como el derecho a la presunción de inocencia.

Recurribilidad en suplicación de una sanción por infracción en materia de prevención de riesgos laborales inferior a 18.000 €

Cabe recurso de suplicación contra una sentencia que confirma una sanción por infracción en materia de prevención de riesgos laborales, aunque su importe no supere el umbral de los 18.000 euros, si en la demanda impugnando la sanción se alega también la vulneración de un derecho fundamental, como el derecho a la presunción de inocencia.

Obligatoriedad de reconocimientos médicos y derecho a la intimidad

En la actividad de vigilante de seguridad y escolta se revela necesaria la obligatoriedad del reconocimiento médico, porque junto con el interés individual del trabajador de proteger su propia intimidad, aparece otro interés preponderante: el del resto de trabajadores o de terceras personas, cuya integridad física y salud pueden depender, en no pocas ocasiones, del estado de salud del trabajador.