Reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria de los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española, siempre que cumplan determinados requisitos.
Se declara contraria al derecho de la UE la horquilla de las sanciones por incumplimiento de la obligación previa de declarar, hasta el importe máximo del duplo del valor de los medios de pago empleados.
La AEAT se pronuncia sobre las consecuencias de las derogación del régimen de matrícula turística.
Si en la valoración de los inmuebles aportados se ha descontado el valor de las deudas que gravan los mismos se ha de considerar que se ha producido una subrogación tácita a efectos del ITP y AJD.
Aunque no posee la mayoría del capital de la entidad, al ostentar la mayoría de los derechos de voto la sociedad puede integrarse dentro del grupo de entidades. Esto no evita que contra la presunción de vinculación económica y organizativa quepa prueba en contrario.
La participación procedente de una aportación no dineraria acogida el régimen de reorganizaciones empresariales efectuada por una persona física, mantiene la antigüedad del aportante, por lo que los dividendos percibidos están exentos y no sujetos a retención o ingreso a cuenta.
Desde el 28-7-2018 se incrementan las deducciones en la cuota del IRPF por donaciones relativas al patrimonio cultural valenciano, por donaciones destinadas al fomento de la lengua valenciana y por donaciones o préstamos de uso o comodato destinados a otros fines de interés cultural, científico o deportivo no profesional.
Convenios colectivos
Adaptación de la normativa reglamentaria sobre desempleo al fallo del TJUE en el asunto Espadas Recio, de forma que, desde el 29-7-2018, para determinar el periodo de ocupación cotizada para acceder al desempleo de los trabajadores a tiempo parcial se ha de computar el período durante el que el trabajador haya permanecido en alta cualquiera que haya sido la duración de la jornada.
Cabe recurso de suplicación contra una sentencia que confirma una sanción por infracción en materia de prevención de riesgos laborales, aunque su importe no supere el umbral de los 18.000 euros, si en la demanda impugnando la sanción se alega también la vulneración de un derecho fundamental, como el derecho a la presunción de inocencia.
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