La extensión de la jurisdicción española más allá de sus límites territoriales debe venir legitimada y justificada por la existencia de un tratado internacional que lo prevea o autorice. También se amplía la lista de delitos que, cometidos fuera del territorio nacional, son susceptibles de ser perseguidos por la jurisdicción española, y se excluye la competencia de los tribunales españoles cuando ya se hubiese iniciado un procedimiento en un Tribunal Internacional o por la jurisdicción del país en que hubieran sido cometidos o de nacionalidad de la persona a la que se impute su comisión, siempre que la persona a que se imputen los hechos no se encuentre en España o, estando en España vaya a ser extraditado a otro país o transferido a un Tribunal Internacional.
La prescripción del derecho a reclamar las diferencias salariales entre lo percibido por la empresa cedente y lo debido percibir por la cesionaria se computa desde la fecha del devengo, sin que esté subordinada ni tenga efecto interruptivo sobre esta reclamación un proceso declarativo de la existencia de cesión ilegal.
Los residentes en el extranjero que reciben pensiones españolas contributivas exportadas tienen que acreditar anualmente su vivencia a las entidades gestoras (INSS e ISM) para continuar percibiéndolas. Para el cumplimiento de tal requisito, desde el 14-3-2014, se establece que tales beneficiarios -con independencia de su nacionalidad- pueden presentar uno de los siguientes documentos: certificado de vida expedido por el Encargado del Registro Civil Consular o certificación de comparecencia expedida por la Consejería o Sección de Empleo y Seguridad Social ante la que se hubieran personado. Esta segunda opción obliga al interesado a cumplimentar el modelo Anexo a esta Resolución debidamente cumplimentado, firmado y sellado por el funcionario o persona responsable de tal Consejería.
No es necesario seguir el procedimiento previsto para las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, cuando se trata de una modificación que no viene impuesta por una decisión unilateral del empleador, sino que deriva directamente y de forma absoluta de la ley.
Cuando el contrato de colaboración social se celebra para desarrollar una actividad normal y permanente de la Administración Pública durante más de dos años, sin que se haya justificado ningún hecho determinante de temporalidad, no juega la exclusión de laboralidad y su extinción constituye un despido improcedente.
La previsión reglamentaria de que cuando una misma empresa realice contratos para la formación y el aprendizaje en más de una CCAA, la autorización del acuerdo para la actividad formativa debe ser concedida por el SEPE, es inconstitucional y nula por ser contraria al orden constitucional de distribución de competencias.
Se da publicidad a las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que son el resultado de aplicar durante 2014 el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.
Con efectos desde el 11-3-2014, se introduce un nuevo supuesto de sustituto del contribuyente en los supuestos de dación en pago de la vivienda habitual.
Se atribuyen al titular del Departamento de Recaudación de la AEAT determinadas competencias en materia de aplazamientos y fraccionamientos de pago respecto de los obligados tributarios incursos en proceso concursal con convenio y se reduce el importe para ejercitar las competencias que ya tenía atribuidas sobre los obligados tributarios incursos en proceso concursal.
