El Tribunal Supremo declara, sin apreciar contradicción, que los plazos señalados por meses se computan de fecha a fecha, iniciándose el cómputo al día siguiente de la notificación o publicación del acto, y venciendo el día correlativo mensual al de la notificación.
El Tribunal Supremo declara, sin apreciar contradicción, que los plazos señalados por meses se computan de fecha a fecha, iniciándose el cómputo al día siguiente de la notificación o publicación del acto, y venciendo el día correlativo mensual al de la notificación.
Si por aplicación de la doctrina del levantamiento del velo las rentas del arrendamiento de un inmueble se imputan al socio último de la entidad titular del mismo, la renta derivada de su transmisión también debe imputarse al socio, debiendo efectuar los ajustes extracontables que procedan para determinar la base imponible en el IS, al no existir hecho imponible en dicho impuesto.
Si por aplicación de la doctrina del levantamiento del velo las rentas del arrendamiento de un inmueble se imputan al socio último de la entidad titular del mismo, la renta derivada de su transmisión también debe imputarse al socio, debiendo efectuar los ajustes extracontables que procedan para determinar la base imponible en el IS, al no existir hecho imponible en dicho impuesto.
Cuando la determinación de las secuelas del accidente de trabajo se fijan en una resolución administrativa que no es impugnada, el plazo de reclamación de indemnización de daños y perjuicios a la empresa comienza una vez transcurrido el plazo para la presentación de la reclamación previa frente a dicha resolución.
La cancelación sin consentimiento del titular registral y sin sentencia firme, es aplicable cuando resulte de manera clara, precisa e indubitada, que concurren los requisitos legalmente previstos.
El archivo de la denuncia de una trabajadora contra su jefe por acoso sexual, por no quedar acreditado el carácter inconsentido de las relaciones, provoca que éste la acuse de cometer un delito de denuncia falsa que, al ser estimado por los tribunales, supone para la trabajadora el pago a su jefe de una indemnización por daño moral, además de la condena penal.
La calificación de un préstamo participativo autoriza a gravar la riqueza auténticamente puesta de manifiesta, pero no puede conllevar ni su recalificación ni la apreciación de fraude de ley por simulación.
En materia de responsabilidad del FOGASA en las indemnizaciones debidas a los trabajadores en caso de extinción de la relación laboral por declaración de concurso, la normativa aplicable es la que se encuentre en vigor en el momento en el que se declara extinguida la relación laboral y no la fecha en el que la empresa es declara en concurso, ya que en dicha fecha aún no ha surgido responsabilidad alguna del FOGASA.
No podrán incorporarse a la Administración como empleados públicos los trabajadores de los contratistas ni determinado personal laboral de sociedades mercantiles públicas, fundaciones y otros organismos que vayan a integrarse en la AAPP.
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