Si bien el grado de discapacidad resulta acreditado mediante la aportación del correspondiente certificado o resolución expedidos por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) o el órgano competente de las CCAA, de modo que quien disponga del mismo no necesita otra justificación adicional, para acreditar dicho grado también se puede utilizar cualquier otro medio de prueba admitido en derecho, al no establecer la normativa del Impuesto que tales certificados o resoluciones sean pruebas exclusivas y excluyentes.
Los sujetos pasivos del Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas que estén debidamente acogidos al régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores, profesionales, emprendedores e inversores desplazados a territorio español, y que, por tanto, tributen por el IRNR, quedan sujetos al Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas por obligación real durante todo el plazo en el que estén acogidos al IRNR.
Al no corresponderse con la parte del beneficio del año que no puede distribuirse libremente por tener que aplicarse de forma obligatoria a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores, no se considera reserva legal, y sí incremento de los fondos propios.
Los comentarios al MC OCDE no son fuente del ordenamiento jurídico español, sino meras pautas interpretativas, que no pueden sobreponerse a la aplicación gramatical de las normas jurídicas, ni arrumbar a los criterios de interpretación del título preliminar del Código Civil, como son la interpretación gramatical y la sistemática, por lo que si la norma es clara, no se ha de acudir a otros criterios interpretativos que no sean el gramatical.
Si tras haber presentado la autoliquidación del impuesto se reconoce mediante sentencia judicial la obligación de tener que pagar a la legataria lo recogido en las disposiciones testamentaria, dado que se va a reducir el importe de la masa hereditaria, también va a minorar el importe de la cuota a pagar por el impuesto.
Al fijar la plataforma de redes sociales los términos y condiciones del servicio, debe considerarse que en los servicios de mediación que proporciona actúa en nombre propio y como tal, debe repercutir el impuesto por la totalidad de la contraprestación recibida, no solo por su comisión.
Se actualizan las tablas de valores de repercusión del suelo y de valores unitarios del suelo para el ejercicio 2023 recogidas en la
Aragón Resol 26-5-22EDL 2022/19013
, por la que se aprueba la Norma Técnica de Valoraciones aplicable a los dictámenes de peritos de la Administración, relativos a los bienes de naturaleza urbana y bienes de naturaleza rústica con construcciones, para estimar el valor de mercado de determinados bienes inmuebles a efectos de liquidación del ITP y AJD e ISD.
La caducidad del cargo de administrador no exime a este de seguir desempeñando sus funciones hasta el nombramiento formal y con efectos frente a terceros de quien vaya a sucederle. Y es preceptivo para quien mantiene tal condición convocar junta cuando concurra causa legal de disolución, sin perjuicio y con independencia de la junta que pueda convocarse para renovar el órgano de administración.
La calificación de un accidente en misión como laboral depende de las circunstancias del caso concreto, si bien ha de concurrir algún dato que permita entenderlo, correspondiendo aportarlo a quien sostiene su laboralidad.
Es procedente el despido por transgresión de la buena fe contractual de un conductor que da positivo en cocaína en un control rutinario, sabiendo que iba a conducir un autocar de transporte de pasajeros y que era consciente de que tal consumo está absolutamente prohibido. Esto supone asumir un riesgo de que tal ingesta le provocase una alteración en sus condiciones y aptitudes respecto de la seguridad vial, aunque no se acrediten problemas de conducción. Además, se producen graves perjuicios para la empresa como la inmovilización del vehículo, la necesidad de trasladar a los pasajeros, la pérdida del servicio y el deterioro de la imagen de la compañía. En suma, ese consumo supone una vulneración de la confianza que la empresa deposita en un trabajador que transporta pasajeros y debe ser extremadamente cuidadoso con todos aquellos comportamientos que puedan afectar a la seguridad vial, tanto de los usuarios del servicio, como del resto de conductores y viandantes.
