Con efectos a partir de 1-1-2023, esta Comunidad Autónoma aplica en el IRPF un régimen de fiscalidad diferenciada que pretende contribuir a la dinamización de la economía rural y a la fijación de la población en el medio rural de Aragón.
Con efectos desde 1-1-2023, se aplican nuevas deducciones autonómicas por cuidado de ascendientes, por gastos derivados del arrendamiento de viviendas y por el pago de intereses de préstamos para estudios de grado, máster o doctorado, a la vez que se mejoran algunas de las deducciones ya existentes.
La deuda garantizada con hipoteca sobre el bien cuya titularidad determina la sujeción por obligación real al IP, cuando no haya sido destinada a la adquisición del bien, o a la inversión en el mismo, no puede deducirse de su valor a efectos de determinar la base imponible del IP por obligación real.
Con independencia de que la entidad participada cumpla o no los requisitos para aplicar la exención a sus rentas, la renta negativa generada en su extinción es deducible, salvo que provenga de una operación de reestructuración.
Dado que la representación del Estado no ha opuesto nada frente a la afirmación de la recurrente de que la consideración de fondo armonizado o UCIT obtenida en 2013 le alcanzara para ejercicios anteriores, pues en ningún momento se ha alterado la configuración o características del fondo, la AN no encuentra motivos para que no le sea de aplicación el régimen especial de las IIC españolas.
La deducción de las cuotas soportadas del impuesto es un derecho del sujeto pasivo y no una opción. El contribuyente puede optar a rectificar su autoliquidación e instar la devolución de ingresos indebidos.
Con el propósito de impulsar el medio rural, se reconoce una fiscalidad diferenciada más beneficiosa en determinadas zonas rurales en Aragón.
Con efectos desde el 1-5-2023 se regula en Andalucía el procedimiento para la obtención de la cuota íntegra del Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos y el régimen transitorio para su aplicación.
El certificado tributario tiene carácter meramente informativo y sirve para probar hechos frente a terceros distintos de la relación jurídico-tributaria entre la Administración y el obligado tributario deudor, de tal forma que ni la solicitud ni la emisión y notificación de tal certificación constituyen actos con eficacia interruptiva de la prescripción del derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias; no constituye una actuación fehaciente del obligado tributario conducente al pago o extinción de la deuda.
Se aprueba el modelo de autoliquidación 593, así como los plazos, condiciones generales y el procedimiento para su presentación. El modelo es de aplicación, por primera vez, a las autoliquidaciones correspondientes al primer trimestre de 2023.
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