Fecha de abono de la indemnización en despido colectivo

Es posible que por la vía de acuerdo colectivo, en el marco de un despido colectivo, se puedan fijar criterios de abono de la indemnización de extinción del contrato por medio de los cuales se permita un pago aplazado, pues el acuerdo logrado en el marco de un ERE y fruto de la negociación colectiva, tiene análoga eficacia a lo acordado en convenio colectivo.

Fecha de abono de la indemnización en despido colectivo

Es posible que por la vía de acuerdo colectivo, en el marco de un despido colectivo, se puedan fijar criterios de abono de la indemnización de extinción del contrato por medio de los cuales se permita un pago aplazado, pues el acuerdo logrado en el marco de un ERE y fruto de la negociación colectiva, tiene análoga eficacia a lo acordado en convenio colectivo.

Impugnación de un ERTE por miembros de la comisión ad hoc

Carecen de legitimación activa para impugnar un acuerdo adoptado en un ERTE dos delegadas personal, miembros minoritarios de la comisión híbrida que se constituyó para su negociación, pues si para la adopción de acuerdos se exige la conformidad de la mayoría de los miembros de la comisión, derivadamente para su impugnación, solo cabe entender legitimados activamente, como mínimo, a la mayoría de los miembros de la comisión y no a una parte menor de dichos miembros aunque fueran disidentes respecto al acuerdo alcanzado.

Documentación exigida en los despidos colectivos que incluyan a trabajadores de 50 o más años

El TCo declara inconstitucional y nula la supresión de la obligación de entregar a la autoridad laboral determinada documentación en los procedimientos por despidos colectivos que incluyan a trabajadores de 50 o más años, en los casos de empresas obligadas a realizar la aportación al Tesoro Público.

Despido tras la negativa del trabajador a aceptar la conversión de su contrato

La conversión de un trabajo a tiempo completo en un trabajo parcial y viceversa tiene siempre carácter voluntario para el trabajador y no se puede imponer de forma unilateral o como consecuencia de una modificación sustancial de condiciones de trabajo. El trabajador no puede ser despedido ni sufrir ningún otro tipo de sanción o efecto perjudicial por el hecho de rechazar esta conversión, sin perjuicio de las medidas que puedan adoptarse por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

Criterios para la selección del personal en un ERTE

Es válido el criterio de selección de un ERTE consistente en incluir a los trabajadores de aquellos sectores de la empresa con baja carga de trabajo o con rendimientos por debajo de los costos de explotación, empezando por el personal indirecto a la misma.

Prejubilaciones derivada de un ERE

Las bajas mediante prejubilaciones producidas con ocasión de un ERE tienen carácter de involuntarias, sea cual sea la formalización que haya realizado la empresa. La TGSS tiene competencia para modificar y corregir los datos aportados por el empresario, y la determinación de la naturaleza voluntaria o involuntaria de la baja del trabajador.

Aportación al Tesoro Público en despidos colectivos

Los requisitos para tener que hacer la aportación al Tesoro los cumple la empresa que tuvo beneficios los dos años anteriores al despido, aunque el grupo tuviera pérdidas. Basta con que la empresa o el grupo al que pertenece haya tenido beneficios.

Protección de datos en el plan de recolocación externa del despido colectivo

Las empresas que pongan en marcha un despido colectivo de más de 50 trabajadores deben incluir en la documentación que acompaña a la comunicación al inicio del procedimiento, un plan de recolocación externa para los trabajadores afectados, a través de empresas de recolocación autorizada. Hay una cesión de datos si el tercero que recibe los datos puede aplicarlos a sus propias finalidades, decidiendo sobre el objeto y finalidad del tratamiento. Por el contrario, existe un acceso a datos para la prestación de un servicio si quien recibe los datos se limita a efectuar determinadas operaciones sobre ellos, pero no decide sobre su finalidad.
El tratamiento de los datos personales es lícito cuando el mismo es necesario para poder cumplir con los servicios contratados, sin necesidad de recabar el consentimiento de los trabajadores afectados, sin perjuicio de su derecho a ser informados. En el caso de acceso a los datos para la prestación de un servicio, la empresa empleadora tiene la condición de responsable del tratamiento y la empresa de recolocación la de encargado del tratamiento. El responsable y el encargado del tratamiento deben celebrar un contrato por escrito que establezca el objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad del tratamiento, el tipo de datos personales y categorías de interesados, y las obligaciones y derechos del responsable.

Protección de datos y medidas sociales de acompañamiento en el despido colectivo

El período de consultas del despido colectivo tiene por objeto llegar a un acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores. La consulta debe versar, como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento, tales como medidas de recolocación o acciones de formación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad. Una de estas medidas puede ser la recolocación interna de los trabajadores dentro de otra empresa del grupo del que fome parte. Cada empresa del grupo es responsable del fichero de datos de sus empleados.
Hay una cesión de datos si el tercero que recibe los datos puede aplicarlos a sus propias finalidades, decidiendo sobre el objeto y finalidad del tratamiento. Por el contrario, existe un acceso a datos para la prestación de un servicio si quien recibe los datos se limita a efectuar determinadas operaciones sobre ellos, pero no decide sobre su finalidad. Si alguna de las empresas del grupo accede a los datos de cualquiera de las otras para sus propios fines, se requiere el consentimiento del trabajador pues se trata de una cesión de datos. No obstante lo anterior, los responsables que forman parte de un grupo empresarial o de entidades afiliadas a un organismo central pueden tener un interés legítimo en transmitir datos personales dentro del grupo empresarial para fines administrativos internos, incluido el tratamiento de datos personales de clientes o empleados.