Protección de datos en el plan de recolocación externa del despido colectivo

Las empresas que pongan en marcha un despido colectivo de más de 50 trabajadores deben incluir en la documentación que acompaña a la comunicación al inicio del procedimiento, un plan de recolocación externa para los trabajadores afectados, a través de empresas de recolocación autorizada. Hay una cesión de datos si el tercero que recibe los datos puede aplicarlos a sus propias finalidades, decidiendo sobre el objeto y finalidad del tratamiento. Por el contrario, existe un acceso a datos para la prestación de un servicio si quien recibe los datos se limita a efectuar determinadas operaciones sobre ellos, pero no decide sobre su finalidad.
El tratamiento de los datos personales es lícito cuando el mismo es necesario para poder cumplir con los servicios contratados, sin necesidad de recabar el consentimiento de los trabajadores afectados, sin perjuicio de su derecho a ser informados. En el caso de acceso a los datos para la prestación de un servicio, la empresa empleadora tiene la condición de responsable del tratamiento y la empresa de recolocación la de encargado del tratamiento. El responsable y el encargado del tratamiento deben celebrar un contrato por escrito que establezca el objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad del tratamiento, el tipo de datos personales y categorías de interesados, y las obligaciones y derechos del responsable.

Protección de datos y medidas sociales de acompañamiento en el despido colectivo

El período de consultas del despido colectivo tiene por objeto llegar a un acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores. La consulta debe versar, como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento, tales como medidas de recolocación o acciones de formación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad. Una de estas medidas puede ser la recolocación interna de los trabajadores dentro de otra empresa del grupo del que fome parte. Cada empresa del grupo es responsable del fichero de datos de sus empleados.
Hay una cesión de datos si el tercero que recibe los datos puede aplicarlos a sus propias finalidades, decidiendo sobre el objeto y finalidad del tratamiento. Por el contrario, existe un acceso a datos para la prestación de un servicio si quien recibe los datos se limita a efectuar determinadas operaciones sobre ellos, pero no decide sobre su finalidad. Si alguna de las empresas del grupo accede a los datos de cualquiera de las otras para sus propios fines, se requiere el consentimiento del trabajador pues se trata de una cesión de datos. No obstante lo anterior, los responsables que forman parte de un grupo empresarial o de entidades afiliadas a un organismo central pueden tener un interés legítimo en transmitir datos personales dentro del grupo empresarial para fines administrativos internos, incluido el tratamiento de datos personales de clientes o empleados.

Indemnización en caso de despido colectivo declarado improcedente

Para determinar la indemnización derivada de un despido colectivo declarado improcedente no resulta aplicable la cláusula de blindaje en la que se acuerda una superior indemnización para el supuesto de despido declarado improcedente, pero relativo a una decisión empresarial basada en incumplimiento grave y culpable del trabajador, que solo sería aplicable en supuestos de despido disciplinario, siendo, además que estaba incluida como adicional en un contrato temporal de lanzamiento de nueva actividad de un año de duración, por lo que pierde su eficacia cuando la relación laboral se transforma en indefinida y no se ha pactado su mantenimiento.

Resposición de prestaciones por desempleo derivadas de ERTE

Un trabajador que tuvo reconocido el derecho a la reposición de las prestaciones por desempleo de los 123 días en los que estuvo sujeto a un ERTE suspensivo cuando prestaba servicios para una primera empresa, también tiene derecho a que se le reponga un segundo periodo de interrupción temporal de la relación a la que estuvo sujeto en otra empresa distinta, de la que también fue despedido, pero esa reposición no puede rebasar el límite de 180 días.

Despido colectivo por causas técnicas y organizativas

Un despido colectivo es conforme a derecho cuando la documentación aportada por la empresa a los trabajadores resulta suficiente para conocer las causas y detalles del despido a fin de afrontar el período de consultas. Existen causas técnicas y organizativas suficientes para justificarlo cuando se aprecia una notable pérdida de productividad y rentabilidad, debido a la obsolescencia de la maquinaria empleada para la actividad de producción.

Inaplicación de condiciones de convenio

Una empresa no puede aplicar un horario partido distinto al del convenio, constituya o no una condición más beneficiosa, porque las mismas no se pueden establecer contra lo pactado en convenio.
El empresario puede mejorar las condiciones de trabajo de sus trabajadores, previstas en la ley o en el convenio, siempre que esa concesión se encuentre en su poder de disposición.

Despido colectivo por disminución de la contrata

El periodo de consultas se configura como un periodo de negociación ligado necesariamente a la preexistencia de relaciones laborales entre la empresa que lo pone en marcha y sus trabajadores, representados a través de los sujetos colectivos legitimados para ello, siendo ajeno a todo ese proceso el vínculo contractual que la empleadora pueda tener con su cliente, por más estrecho y reglado que este pueda ser.

Impugnación del despido colectivo

Una vez iniciado el proceso de impugnación de despido colectivo por la representación legal de los trabajadores, se suspende el curso de demandas individuales presentadas antes y, pueden presentarse otras nuevas, aunque, tras su admisión, se suspenda su tramitación.

Falta de puesta a disposición de la indemnización en el despido colectivo

Es posible la falta de puesta a disposición de la indemnización legal derivada de un despido colectivo en caso de falta de liquidez de la empresa para hacer frente a la misma, debiendo considerarse la iliquidez en el momento de emitirse la carta de despido.

Despido colectivo de trabajadora embarazada

En el marco del despido colectivo puede despedirse a trabajadoras embarazadas. No obstante, debe prohibirse preventivamente su despido (no bastando la nulidad en concepto de reparación). En caso de despido, el empresario debe comunicarle los motivos que justifican el despido y los criterios objetivos seguidos para designar a los trabajadores afectados por el mismo.
El derecho interno no está obligado a fijar una prioridad de permanencia ni de recolocación a las embarazadas ex Dir 92/85.

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