Las cuantías de las pensiones para 2018 tiene un incremento general del 0,25%, y, además, las cuantías mínimas se incrementan de forma adicional en un 2,75% y la máxima en un 1,35%.
Se instaura una medida de activación e inserción laboral de jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, consistente en una bonificación específica en las cuotas empresariales por contingencias comunes a la Seguridad Social para incentivar la conversión en indefinidos de los contratos para la formación y el aprendizaje celebrados con jóvenes que hubieran percibido la ayuda económica de acompañamiento prevista en la LPGE
Cuantías mínimas de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas para el año 2018 que pueden permitir, en su caso, el complemento por mínimos
El juez del concurso es excepcionalmente competente para conocer de las acciones individuales de extinción del contrato de trabajo en aquellos supuestos en que la acción se dirija contra el concursado, pues en caso de dirigirse contra un grupo empresarial generador de responsabilidad solidaria cuyos integrantes no están declarados en situación concursal, la competencia corresponde al orden jurisdiccional social.
Los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de derecho público de las entidades locales son impugnables mediante recurso de reposición, que es preceptivo salvo cuando se discute exclusivamente la inconstitucionalidad o ilegalidad de las disposiciones que dan cobertura al acto.
El nuevo Reglamento general de la gestión financiera de la Seguridad Social se adapta a los cambios producidos en el ámbito de la gestión de ingresos y pagos y a la actual estructura de la colaboración en el ámbito financiero, en la que las entidades financieras se configuran, prácticamente, como únicos colaboradores. Asimismo, incide en los procedimientos que tramita la TGSS en su condición de caja pagadora del sistema.
Es compatible el complemento del 20% de la IPT cualificada para mayores de 55 años con una pensión de jubilación suiza. Se desestima el recurso del INSS, siguiendo la doctrina sentada por la sentencia del TJUE sobre el asunto Blanco Marqués C-431/16 que resolvió la cuestión prejudicial planteada por la propia Sala y que consideró que no se cumplían los requisitos establecidos en los Reglamentos de coordinación para aplicar la normativa española anticúmulo.
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