Determinación de la fecha en que cabe el desistimiento de la Administración a la expropiación, total o parcial, acordada sobre un bien o derecho.
Utilización de las operaciones jurídicas complementarias como instrumento para subsanar o salvar vacíos o irregularidades de proyectos reparcelatorios.
La anotación preventiva de demanda no cierra el registro, por lo que pueden inscribirse cualesquiera actos de la sociedad, y no se rige por los principios de prioridad registral y tracto sucesivo, por lo que puede anotarse la demanda interpuesta contra un acuerdo que, aun no inscrito, sea susceptible de inscripción.
Se introduce una exención en el ITP y AJD para las adjudicaciones y transmisiones de la propiedad o del derecho de usufructo de bienes, que sean consecuencia de la ejecución de sentencias derivadas de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LO 1/2004).
El archivo de la denuncia de una trabajadora contra su jefe por acoso sexual, por no quedar acreditado el carácter inconsentido de las relaciones, provoca que éste la acuse de cometer un delito de denuncia falsa que, al ser estimado por los tribunales, supone para la trabajadora el pago a su jefe de una indemnización por daño moral, además de la condena penal.
En tanto la transmisión de un terreno se realice sin haber satisfecho el transmitente costes de urbanización porque se hace cargo el adquirente de todos los costes, o no se han iniciado efectivamente tales obras de urbanización, no cabe considerar que el terreno se encuentra en curso de urbanización a efectos de la exclusión de la exención prevista para los terrenos no edificables.
Tiene la condición de litigioso cualquier crédito cuya existencia haya sido directamente cuestionada en un procedimiento judicial, que normalmente será civil, aunque nada obsta para que pueda serlo también penal siempre y cuando la controversia verse claramente sobre la validez o existencia del crédito.
En los supuestos en que ejercite en la demanda de modificación sustancial de condiciones de trabajo individual una acción resarcitoria acumulada superior a 3000 € por daños y perjuicios, frente a la sentencia de instancia cabe recurso de suplicación.
Los administradores son responsables de las deudas sociales en caso de cierre de facto de la sociedad, sin liquidarla en la forma legalmente establecida.
No se interrumpe la prescripción de la acción para reclamar diferencias salariales mientras se tramita el procedimiento en el que se reclama la declaración de existencia de la relación laboral entre las partes.
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