Ante la evolución generada por el COVID-19, en el ámbito de la colaboración social en la aplicación de los tributos y, en particular, sobre el carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria, se establece un nuevo supuesto de colaboración con las entidades encargadas de la gestión de la prestación económica no contributiva de la Seguridad Social del ingreso mínimo vital.
Se establece la exención del seguro colectivo para el personal sanitario y se crean, para el año 2020, dos nuevas deducciones: una por obras en la renovación de la vivienda habitual y otra por instalaciones de puntos de recarga de vehículos eléctricos.
Se introduce un beneficio fiscal en el ISD relacionado con la constitución de un seguro colectivo gratuito a favor de todo el personal sanitario para hacer frente a las contingencias de enfermedad y fallecimiento por causa directa del COVID-19.
Concesión de autorización de residencia y trabajo a los jóvenes, de entre 18 y 21 años, nacionales de terceros países en situación regular, que hayan sido empleados en el sector agrario con base a las medidas urgentes en materia de empleo agrario, cuando finalice su vigencia el 30-6-2020.
En el período comprendido desde el 8-4-2020 y el 30-6-2020, no es de aplicación el régimen de compatibilidad e incompatibilidad de la prestación y el subsidio por desempleo (RD 625/1985 art.15) a los trabajadores contratados en relación con el empleo agrario, consecuencia de las medidas adoptadas para paliar la crisis provocada por el coronavirus (nº
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Memento Social 2020)
Se especifican los requisitos que deben cumplir los planes individuales de ahorro sistemático en los que existan mecanismos de reversión, periodos ciertos de prestación o fórmulas de contraseguro, así como el régimen transitorio para su aplicación.
La superación del plazo de tres años para la convocatoria de un plaza cubierta temporalmente por un contrato de interinidad no da lugar automáticamente al reconocimiento como relación de carácter indefinido no fijo. Ha de estarse a las circunstancias de cada caso y comprobar si se ha producido un abuso de derecho en la contratación temporal.
Se aprueban en Bizkaia los modelos 200 y 220 de autoliquidación del IS y del IRNR con establecimiento permanente y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en ese territorio para 2018.
Sin perjuicio de que, de manera específica, la convocatoria judicial de junta se ha de tramitar por el cauce de jurisdicción voluntaria, la eventual admisión a trámite de un juicio declarativo ordinario no ocasiona indefensión, pues es el proceso más garantista por el cual los interesados pueden hacer valer sus pretensiones en igualdad de armas y con efectiva contradicción, y donde la sociedad demandada, a través de sus administradores, puede oponerse a la convocatoria.
