No existe establecimiento permanente aunque se pongan a disposición de la matriz medios humanos y técnicos de forma exclusiva.
El pacto de confidencialidad no implica una comunicación sobre el modo de uso de los dispositivos informáticos ni la posibilidad empresarial de controlarlos y vigilarlos. Asimismo, la advertencia sobre las normas de uso y control de tales dispositivos no puede ser utilizada con carácter retroactivo para acceder a lo efectuado por el trabajador antes de haber sido informado.
Con efectos desde el 1-1-2023, se crea un nuevo tributo de carácter indirecto con la finalidad de gravar a utilización en el territorio español de envases que, conteniendo plástico, no son reutilizables.
Uno de los requisitos básicos que la Administración ha de acreditar en el supuesto de derivación de responsabilidad es la determinación del cese de la actividad por parte de la entidad, al menos de manera aproximada y referido a un ejercicio económico.
La donación de parte de un inmueble entre los miembros de una pareja inscrita en cualquiera de los registros habilitados al efecto puede beneficiarse de la bonificación autonómica.
Se aprueban los precios medios de venta de vehículos y embarcaciones aplicables en el ITP y AJD, ISD e IMT.
Con efectos a partir del 17-4-2022, se aprueba en Gipuzkoa la nueva Norma Foral del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
En este caso la subvención aportada por la sociedad estatal para financiar las obras de modernización del regadío constituye parte de la prestación de las entregas de las obras, por lo que debe formar parte de la base imponible del impuesto.
Con efectos para la presentación de las declaraciones informativas anuales correspondientes al año 2021, que se presentarán en 2022, se modifican los modelos informativos 189 y 289.
Lo realmente esencial no es la denominación empleada en el contrato suscrito entre entidad y obligado tributario, sino si éste realiza de forma clara y fehaciente funciones de dirección. Una vez demostrada la existencia de una relación remunerada de prestación de servicios en exclusiva entre la sociedad y el obligado tributario, que además ejerce efectivamente funciones directivas, debe entenderse cumplido materialmente el requisito legal, sin que quepa la exclusión por el hecho de que los estatutos societarios prevean la gratuidad del cargo de administrador.
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