Se introduce una novedad en el requisito para tener la consideración de sociedad patrimonial consistente en que al menos durante noventa días del período impositivo, más de la mitad del activo esté constituido por valores o no esté afecto a actividades económicas: no se computan como valores aquellos a través de los cuales se articule la participación indirecta de personas físicas en sociedades y fondos de capital riesgo a los que resulte de aplicación el régimen especial, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas al efecto.
Con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir del 1-1-2018, se introducen modificaciones en la aplicación de los saldos de deducciones pendientes.
Se modifica la deducción por inversiones en producciones españolas: se introduce una deducción del 40% para las obras rodadas en euskera, se condiciona su aplicación al cumplimiento de una serie de requisitos de carácter territorial, cuyo ámbito de aplicación comprende la comunidad autónoma vasca y se establece un límite cuantitativo a la deducción, que no puede superar los 2,5 millones de euros por cada producción realizada.
Se crea una deducción del 25% de los gastos realizados en el territorio de la comunidad autónoma vasca por la ejecución de una producción extranjera. Para aplicarla, se requiere que los gastos realizados en este territorio sean al menos de 500.000 euros y que la producción tenga un coste mínimo de 2 millones de euros. Además, la deducción no puede superar los 2,5 millones de euros por cada producción realizada.
Se modifican los incentivos para el fomento de la cultura para incluir algunos de los nuevos parámetros de la comunicación europea sobre la ayuda estatal a las obras cinematográficas y otras producciones del sector audiovisual, y ampliar el ámbito de aplicación del incentivo fiscal a las producciones extranjeras de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales.
Se especifica cuál es el periodo impositivo a considerar a efectos de determinar el cumplimiento del requisito relativo a la exención en el IP de las empresas o participaciones en sociedades que se adquieren, en el caso de adquisiciones como consecuencia de pactos sucesorios con eficacia de presente.
Con respecto al plazo de la obligación de autoliquidar, se establece un plazo único de un año para cumplir con la obligación de autoliquidar en los casos de adquisiciones mortis causa y de los contratos de seguros de vida, eliminando, por tanto, la obligación de solicitar la prórroga anterior para poder disponer de ese plazo. El mismo plazo se establece para el cumplimiento de la obligación del comisario de presentar un inventario de los bienes de la herencia, así como la justificación documental del poder, en los casos de las herencias bajo poder testatorio.
