Al igual que para los contribuyentes del IS, el Tribunal Supremo ha aceptado la deducibilidad de los intereses de demora para los contribuyentes del IRPF que desarrollen una actividad económica, tanto los procedentes de la liquidación practicada en un procedimiento de comprobación de rentas relativas al desarrollo de la actividad como los devengados por la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado. Al tener la naturaleza jurídica de gastos financieros, se someten a los límites de deducibilidad de la LIS art.16.
Cuando por diferencias en la valoración se regulariza el IS de una sociedad con resultado a devolver, y el IRPF de su socio, imputándole las rentas que fueron declaradas por la sociedad vinculada, la base de cálculo de la sanción tributaria por dejar de ingresar deuda tributaria es la cuantía no ingresada en la autoliquidación de la persona física como consecuencia de la comisión de la infracción.
Las zonas francas son partes del territorio de un país, donde las autoridades competentes autorizan el desarrollo de ciertas actividades que disfrutan de beneficios tributarios por el hecho de que no se consideran realizadas dentro del territorio aduanero de ese país. En este sentido, aun cuando a efectos aduaneros las zonas francas puedan no considerarse como territorio del país en cuestión, sí que son partes de dicho territorio, por lo que sería de aplicación el CDI en cuestión.
Los vehículos al fin de su vida útil vendidos para la extracción de sus piezas para ser revendidas, sin que esas piezas hayan sido extraídas previamente, puede ser considerados como bienes de segunda mano. Siempre que esas piezas conserven sus funcionalidades de forma directa o mediante una reparación, el contribuyente puede aplicar el régimen especial del margen de beneficio.
La calificación jurídica de la operación por la cual se adjudica un inmueble con asunción de deuda garantizada con hipoteca le corresponde a la Administración tributaria, constituyendo un negocio jurídico oneroso con contraprestación a efectos de la determinación de su tributación.
Las liquidaciones provisionales o definitivas por el IIVTNU que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse la sentencia del TCo 182/2021 (26-10-2021), no pueden ser impugnadas con fundamento en la declaración de inconstitucionalidad efectuada en la misma, al igual que tampoco puede solicitarse con ese fundamento la rectificación, ex LGT art.120.3, de autoliquidaciones respecto a las que aún no se hayan formulado tal solicitud al tiempo de dictarse la citada sentencia.
Con efectos desde el 23-8-2023, se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Hacienda y Fondos Europeos en este territorio y se deroga el D Asturias 80/2019, por el que se establecía la anterior estructura orgánica básica de la Consejería de Hacienda.
Al responsable se le deriva la responsabilidad de pago de una deuda, frente a la cual, y desde el mismo instante en que se le traslada, se le abre la oportunidad, no sólo de efectuar el pago en período voluntario, sino también de reaccionar frente a la propia derivación de responsabilidad, así como frente a la deuda cuya responsabilidad de pago se le exige.
La DGOSS ha determinado los efectos del fin de la crisis sanitaria sobre la consideración de situaciones asimiladas o derivadas de accidente de trabajo de la IT por contagio por COVID-19.
La diferencia de trato en las condiciones reconocidas a los trabajadores de las empresas públicas fusionadas debe someterse al principio de igualdad, ya que cuando el empleador es una AAPP está sometida en su actuación al respeto a la ley y al Derecho.
