El gasto por el alquiler de un local dedicado a la restauración, correspondiente a los meses en que dicha actividad no se desarrolla, se considera gasto deducible ya que, al efectuarse con la intención de volver a reiniciar la actividad en la temporada siguiente, está correlacionado con los ingresos.
Dado que la LIRNR únicamente considera susceptibles de imputación de rentas generadas en España a los bienes inmuebles urbanos situados en dicho territorio, no afectos a actividades económicas, los inmuebles rústicos con construcciones no dan lugar a la realización del hecho imponible de este impuesto, por lo que respecta a la modalidad de imputación de rentas inmobiliarias.
Con efectos a partir del 23-7-2022, se aprueban los nuevos modelos del ISD en este territorio, en concreto el 650 (autoliquidación sucesiones) y el 660 (declaración sucesiones). Entre otros motivos, se adaptan al nuevo criterio de cálculo del ajuar doméstico en virtud del cual se han de incluír solo los bienes afectos al servicio de la vivienda o al uso personal del causante, se introduce el valor de referencia como a efectos de la determinación de la base imponible de este impuesto,….
No ejercido en plazo el derecho a deducir las cuotas soportadas impide que en una regularización posterior estas sean deducidas, aun cuando no se haya constatado abuso de derecho o fraude.
Procede la aplicación de la reducción de la regla 14ª4 de las Tarifas del IAE para los supuestos de cese temporal de la actividad por la declaración de estado de alarma por el COVID-19, siempre que se pruebe que existió una inactividad total. La reducción ha de ser proporcional al número de días en que tuvo lugar dicha paralización total de la actividad como consecuencia de la citada declaración.
Motivos de eficacia en la actuación administrativa pueden justificar la notificación en días de cortesía y por medios no electrónicos.
Se prorroga temporalmente el incremento del porcentaje de devolución del Impuesto Especial sobre Combustibles derivados del Petróleo de Canarias (ICDP) al que tienen derecho los agricultores y transportistas.
Vulnera el principio de efectividad que la normativa española supedite la efectiva responsabilidad patrimonial del Estado por infracción de la normativa de la UE a ciertos requisitos. En concreto, que tenga que haber una sentencia del TJUE que declare la norma nacional con rango de ley aplicada contraria a Derecho de la UE y que esta sentencia marque la prescripción y el período de 5 años indemnizable. También es contrario al Derecho de la UE que se obligue a obtener sentencia firme contra la Administración, sin prever casos en los que no existe una actuación administrativa impugnable y el daño deriva de un acto u omisión del legislador.
La compatibilidad del percibo de la pensión de jubilación con la realización de trabajos por cuenta propia cuyos ingresos anuales totales no superen el SMI no se aplica a los pensionistas que, por su posición en una sociedad mercantil, tiene el control efectivo de la misma, por lo que se procede a su alta en el RETA (autónomos societarios).
El TCo diferencia por primera vez entre sexo y género, señalando que la identidad de género es una causa sospechosa de trato discriminatorio. Encontrar indicios de discriminación por esta causa supone la inversión de la carga de la prueba. No obstante, es procedente la extinción del contrato de una persona transgénero durante el periodo de prueba si no se acredita la existencia de discriminación.
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