El requerimiento de información a un colegio privado sobre las facturas relativas a la escolarización, transporte, comedor y actividades extraescolares de los hijos menores del contribuyente, así como los medios de pago usados, no vulnera sus derechos fundamentales a la intimidad y a la protección de datos de carácter personal.
La sentencia acompañada de un voto particular desestima el recurso del INSS por falta de contradicción, quedando firme la sentencia de suplicación. En la misma se entendía que el INSS quedaba obligado al reembolso cuando expidió un formulario E-112 precedido de un informe preceptivo favorable del servicio sanitario autonómico donde se argumentaba el carácter excepcional de la misma y se identifcaba tanto el hospital suizo dónde se iba a prestar la cirugía, como incluso el facultativo que iba a realizarla.
La apariencia razonable de titularidad merece la protección de la acción de tutela sumaria.
En orden a la aplicación del tipo reducido a la adquisición de un vehículo para el transporte de personas con movilidad reducida, para considerar a una persona como tal se requiere que, además de tener la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad emitidas por las Corporaciones Locales o, en su caso, por las Comunidades Autónomas, en todo caso deberá contar con el certificado o resolución expedido por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) u órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente, acreditativo de la movilidad reducida.
Solo se ha de presentar una única autoliquidación del ITP y AJD cuando la formalización del expediente es único, al considerarse que se produce un único hecho imponible
Para que la Administración tributaria pueda presentar denuncia o querella por delito fiscal es necesario que previamente haya valorado en el curso de las actuaciones de comprobación e investigación correspondientes que hay indicios de delito, es decir, que junto a la conducta típica de defraudación hay dolo o intención de eludir el pago, sin perjuicio de que es en el proceso judicial penal donde debe determinarse si hay o no delito.
Las diligencias que inspectores de trabajo y subinspectores laborales extienden en las visitas a los centros de trabajo o en las comparecencias del inspeccionado en dependencias públicas deben seguir el nuevo modelo, lo que implica la desaparición del libro de visitas.
El mobbing o acoso laboral exige una violencia psicológica, de forma sistemática, continuada o recurrente, ejercida en el lugar de trabajo, que produce unas consecuencias gravísimas para la estabilidad emocional de la víctima ya que el derecho a trabajar tiene rango fundamental.
Posible derecho a devolución de cantidades anticipadas del socio cooperativista de vivienda
El incumplimiento del contrato por parte del vendedor legitima al comprador para pedir la resolución del contrato o su cumplimiento, así como la indemnización de daños y perjuicios. Para ejercitar la acción de cumplimiento contractual no es preciso acreditar un incumplimiento grave y esencial del contrato, sino que basta con que la obligación de quien incumple sea exigible.
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