Apoyo a jóvenes que desean trabajar en otro estado miembro de la UE y a las PYMES que contraten a estos jóvenes trabajadores europeos ofreciéndoles un programa de integración.
Para el ejercicio de la acción de resolución del contrato por disconformidad con la movilidad geográfica rige el plazo general de un año (ET art.59.1) y no el plazo de caducidad de 20 días, que aplicable estrictamente a la impugnación de la decisión empresarial del traslado.
La contratación adecuada es la de contrato por tiempo indefinido de carácter discontinuo, y no la de contrato de duración determinada eventual por circunstancias de la producción, cuando se constata que la necesidad de trabajo es de carácter intermitente o cíclico, reiterándose la necesidad en el tiempo, aunque lo sea por periodos limitados, y que dicha necesidad de prestación de servicios responde a las necesidades normales y permanentes de la empresa.
Posibilidad de suspender el contrato y/o reducir la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
Establecimiento de un número mínimo de reuniones durante el periodo de consultas y los intervalos mínimos y máximos entre reuniones.
Procedimiento de extinción y suspensión de relaciones de trabajo y reducción de jornada motivados por fuerza mayor, que exige una constatación previa por parte de la autoridad laboral.
El empresario puede notificar individualmente a los trabajadores afectados la aplicación de las medidas de suspensión de contratos o reducción de jornada correspondientes tras la comunicación de la decisión empresarial al finalizar el periodo de consultas.
Regulación del procedimiento para la suspensión del contrato de trabajo y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
Régimen de adopción de acuerdos en el periodo de consultas aplicable tanto al procedimiento de despido colectivo, como al procedimiento para la suspensión del contrato de trabajo y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
Determinación de la autoridad laboral competente para la realización de las funciones correspondientes en el ámbito de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión del contrato y reducción de la jornada.
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