Se ha aprobado el modelo de solicitud y baja en el Registro Autonómico de personas con especial vinculación.
El Tribunal Supremo considera que no es equiparable a una concesión administrativa la instalación de terrazas en la vía pública para el desarrollo de la actividad de restauración a efectos del impuesto
En caso de divorcio, los gastos de comunidad y las cuotas del IBI deben ser abonados por el propietario de la vivienda, salvo que en la sentencia de divorcio se disponga otra cosa.
La prohibición de transmisión a los sucesores de personas físicas de las sanciones impide exigir al heredero de quien fuera socio de una sociedad disuelta y liquidada, el pago de la sanción impuesta a dicha sociedad, aun cuando la cuantía de la sanción se comprenda dentro del límite de la cuota de liquidación del causante.
En caso de arrendamiento de vivienda en una zona de mercado residencial tensionado, habiendo celebrado en los cinco años anteriores dos contratos de arrendamiento sobre la misma vivienda, se debe considerar como importe respecto del cual calcular la rebaja de la renta en un 5% la última renta que, de los dos contratos celebrados en los últimos 5 años, corresponda al contrato que se haya celebrado en una fecha posterior, una vez aplicada, en su caso, la cláusula de actualización anual de este último contrato.
Cuando un contribuyente casado en régimen de gananciales desea vender bienes privativos para luego aportar el dinero a una cuenta conjunta y adquirir inmuebles a nombre de la sociedad de gananciales, el carácter privativo no se pierde por el hecho de la inclusión de ese elemento patrimonial en una cuenta de titularidad indistinta a nombre de los dos esposos. Existe una presunción de copropiedad con atribución por partes iguales a los cónyuges, pero puede ser destruida aportando prueba de la existencia de bienes de titularidad compartida con una participación diferente de los cónyuges.
La parte de la comisión variable que se corresponda con el importe que resulta de la diferencia entre ingresos y gastos financieros debe tenerse en cuenta al aplicar la limitación.
El TSJ confirma que el TSJ carece de competencia objetiva para conocer la demanda formulada contra una Universidad y la contratista del servicio de restauración, al considerar que el despido de los trabajadores del centro, tras la resolución de la contrata, no afecta a toda la plantilla ni constituye un cese total de la actividad empresarial. La Sala entiende que, al no existir un despido colectivo, las extinciones debieron impugnarse mediante procedimientos individuales.
Se aprueban los índices y módulos del régimen especial simplificado del IVA para el 2025 en Navarra.
Se considera accidente de trabajo el que sufre un empleado durante una competición deportiva programada por la universidad empleadora, en la que participa voluntariamente y para la que se le concede una comisión de servicios por los días en que se celebra, que son retribuidos.
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